El Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno vasco contra la ley de vivienda
El tribunal tiene entre manos cinco textos similares y otros dos en estudio
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno Vasco contra la ley de vivienda aprobada el año pasado en el ... Congreso. La decisión de llevar la legalidad de la normativa a la Corte de Garantías ha abierto una guerra entre los dos socios en el Ejecutivo autónomico porque fue impulsada solo por el PNV al considerar que invade competencias. El PSE-EE, por contra, defiende las bondades del texto ratificado en la Cámara baja.
La ley de vivienda se ha convertido en uno de los principales elementos de confrotación política de los últimos meses. Salió aprobada por la mayor parte de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, un listado en el que sí estaba EH Bildu pero no el PNV. Los socialistas y la coalición soberanista defienden que su aprobación servirá para, entre otras cuestiones, limitar el precio de los alquileres.
El recurso ante el Constitucional se presentó hace unas semanas, después de que concluyese el plazo de seis meses que abrieron ambas administraciones para tratar de llegar a un acuerdo. El anuncio de que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la petición del PNV no presupone nada sobre la decisión final. Básicamente, que el TC considera que tiene capacidad para analizar el texto. De hecho, no es el primero que los miembros del Constitucional tienen sobre la mesa para estudiar la ley de vivienda.
La normativa, según ha explicado el propio TC en una nota, es objeto de ocho recursos de inconstitucionalidad que han sido interpuestos, entre otros, por cincuenta diputados del PP en el Congreso, por el Parlamento de Cataluña y por los Consejos de Gobierno de las comunidades de Andalucía, Baleares y Madrid, ya admitidos a trámite. Los planteados por la Generalitat de Cataluña y por la Xunta de Galicia están pendientes de ser admitido.
La norma impugnada impone nuevos límites a la subida del precio del alquiler en toda España, permite rebajar la figura de gran tenedor de vivienda de diez a cinco inmuebles en determinados casos e impide a estos propietarios desahuciar a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo.
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