El informe de los letrados del Congreso avala la suspensión de los cuatro diputados presos

Meritxell Batet, durante la reunión de la Mesa del Congreso celebrada ayer/EFE
Meritxell Batet, durante la reunión de la Mesa del Congreso celebrada ayer / EFE

La decisión, que deberá confirmar Batet, allana la investidura de Pedro Sánchez al quedar la mayoría del Congreso en 174 diputados en lugar de 176

EL CORREO

El Congreso, finalmente, ha inhabilitado a los cuatro diputados independentistas presos después de que la Mesa debatiese esta mañana el dictamen solicitado a los letrados de la Cámara baja sobre la idoneidad del Congreso para decidir la suerte de los políticos catalanes. Esto ha ocurrido después de que ayer el Tribunal Supremo no resolviese la papeleta al Congreso y dejase la piedra en su tejado: el juez Manuel Marchena replicó a la carta enviada por la presidenta de la Cámara que ya había dicho todo lo que tenía que decir respecto a la posible suspensión en funciones de los cuatro diputados en prisión preventiva a los que se está juzgando por rebelión. Encajado el reproche, Meritxell Batet optó por pedir un informe a los letrados del Congreso sobre cómo aplicar la ley o el reglamento antes de tomar una decisión definitiva, que ha sido presentado esta mañana.

Así que ha sido el órgano de gobierno de la institución es el que ha tenido que decir hoy la última palabra sobre el asunto, a pesar de las presiones del Partido Popular y Ciudadanos, que instaron a no demorar más la inhabilitación provisional de los secesionistas procesados. La decisión de esta mañana sobre la inhabilitación, que deberá confirmar Batet, allana la investidura de Pedro Sánchez al quedar la mayoría del Congreso en 174 diputados en lugar de 176.

La suerte de partido de tenis que se ha librado estos días entre dos de las principales instituciones del Estado deja rasguños. Fuentes del alto tribunal argumentaron ayer que el informe reclamado el miércoles por la socialista Batet es «inconcebible jurídicamente», que la separación de poderes hace «inviable» que el tribunal pueda realizar al Parlamento cualquier tipo de asesoramiento y que la presidenta debería saberlo porque para eso tiene unos servicios jurídicos a disposición de la Cámara. En suma, existe un «indisimulado malestar», perceptible en lo escueto del escrito que Marchena remitió al Congreso. Pero el sentimiento es mutuo.

Ya la anterior Mesa, presidida por la popular Ana Pastor, que desde el martes ocupa la Vicepresidencia Tercera, consideraba, según fuentes consultadas en los últimos días, que era necesario un pronunciamiento del Supremo más allá del auto del pasado 14 de mayo al que volvió a remitirse el presidente de la sala del 'procés' en su último escrito. Esa era la posición de los letrados que, según Batet, en una larga reunión de la Mesa actual, expresaron además sus «dudas» sobre qué precepto jurídico puede aplicarse en el ámbito parlamentario.

La exministra de Política Territorial, alegó que son precisamente esas dudas las que justifican que se haya elaborado un informe jurídico concluyente. «No tengo ninguna intención de dilatar nada -esgrimió ayer frente a los reproches de la oposición-. Mi objetivo es preservar el sistema constitucional y que las decisiones se tomen estrictamente conforme a derecho y con la máxima seguridad jurídica sin que en ningún caso se puedan considerar discrecionales o políticas».

«Complicidad»

Podemos defendió que se dé más tiempo a los letrados y que la Mesa no vuelva a reunirse hasta la semana próxima, pasadas las elecciones europeas, autonómicas y municipales. Pero aunque para algunos socialistas esa opción sería políticamente más conveniente porque creen que evitaría que los secesionistas intenten sacar réditos electorales de la suspensión, los representantes del PSOE en el órgano rector de la Cámara optaron por no esperar para no dar tampoco argumentos al PP y Ciudadanos, que ya hablan de «complicidad» de Pedro Sánchez con los partidos independentistas.

Ana Pastor argumentó que es «evidente» que hay que aplicar tanto el artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal como el 21 del Reglamento del Congreso y afeó a Batet que se dirigiera por su cuenta y riesgo al Tribunal Supremo sin haberlo consultado previamente a la Mesa.

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