La concesionaria, que ya dio su visto bueno al traspaso, tiene la explotación hasta 2026

Retenciones en la AP-68./E. C.
Retenciones en la AP-68. / E. C.

Olatz Barriuso
OLATZ BARRIUSO

Fue el pasado 12 de marzo cuando el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, admitía públicamente los contactos entre ambas administraciones para un eventual traspaso de la AP-68 y advertía sobre la «complejidad técnica» que supondría cerrar la negociación. Por la existencia de una concesionaria (Abertis) implicada directamente por lo que se dirimiera en esas conversaciones y por el importante ajuste económico que debían acordar ambos ejecutivos para cerrar el trato. En aquel momento el precedente del tramo vasco de la AP-1, ya transferido, seguía fresco. Su peso en la red viaria era mucho menor y la negociación había estado llena de tiras y aflojas.

Fuentes oficiales del Gabinete de Iñigo Urkullu aseguraron entonces que la direccción de Abertis había dado ya su visto bueno a la posible transferencia de una vía cuya explotación le corresponde hasta 2026. La construcción de la autopista fue un hito arquitectónico y social de la década de los 70 del siglo pasado. Por la dificultad que supuso horadar la sucesión de viaductos y túneles que jalonan el trazado, especialmente a su paso por Bizkaia y Álava, y por el impacto para la movilidad. La Vasco-Aragonesa se abrió totalmente al tráfico a lo largo de 1980. Ejecutar los 295 kilómetros que la componen llevó cerca de siete años y el coste total rozó los 50.000 millones de pesetas.