Los colegios concertados deberán «priorizar» el euskera para recibir financiación pública

El Ejecutivo establece una serie de «principios» que los colegios deberán cumplir para formar parte de este servicio. Entre ellos se encuentra la «priorización del euskera». No sólo en la actividad educativa, sino también «en las relaciones formales e informales entre el alumnado y el profesorado».

¿Y qué pasa si un centro no cumple con los requisitos? El consejero fue ayer taxativo: «Todos los centros que ofertan o que prestan el Servicio Público Vasco de Educación van a tener que cumplir con una serie de requisitos y, si no los cumplen, no van a poder ser concertados».

La priorización del euskera no es el único compromiso que deberán cumplir los centros que aspiren a recibir financiación pública. También se menciona la «carencia de ánimo de lucro», el «compromiso contra la segregación», la «atención al alumnado vulnerable», garantizar la laicidad... En total son catorce.

Hay un caso muy reciente que ejemplifica la advertencia de Bildarratz. Hace dos meses, los colegios que segregan a sus alumnos por sexo aceptaron formar aulas mixtas a partir del curso que viene, ante el riesgo de perder la concertación. Es cierto que la exigencia de juntar a niños y niñas venía determinada por la ley estatal, pero es un ejemplo que ayer esgrimió el propio consejero para explicar lo que sucederá a los centros que se nieguen a cumplir los requisitos mencionados.

En este sentido, cobra especial relevancia la polémica desatada con los más de 60 centros de Ikastolen Elkartea hace unas semanas a raíz del nuevo proceso de matriculación. Los centros deben reservar plazas para el alumnado vulnerable, entendido éste como de bajo nivel socioeconómico, principalmente. A menudo se trata de estudiantes inmigrantes que ingresan en el sistema educativo a lo largo del año, en lo que se conoce como matrícula viva, y no tanto a principio de curso. Las ikastolas amenazaron con negarse a reservar esas plazas si ello implicaba que otros alumnos 'no vulnerables' se quedaban fuera de los centros educativos.

En todo caso, en su articulado, el proyecto de ley señala que habrá centros que tendrán «preferencia» para la concertación. Serán aquellos que atiendan a poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables, los que realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo, los que fomenten la escolarización de proximidad y «los que estén constituidos y funcionen en régimen de cooperativa». Estos últimos son, fundamentalmente, las ikastolas. La redacción de este punto ha suscitado las críticas de algunos agentes sociales, como Comisiones Obreras, entre otros.

Otro aspecto fundamental será la eliminación de las cuotas en los centros sostenidos con fondos públicos. «La Administración educativa garantiza la prestación de una enseñanza gratuita en los niveles correspondientes y de calidad a través de los centros financiados con fondos públicos», señala el texto. No obstante, el Departamento sí autorizará el cobro de servicios escolares y actividades complementarias. Estas cantidades deberán publicarse tanto en la web de los centros como en la del propio Departamento.

En lo que respecta a la escuela pública, el texto la sitúa como «pilar fundamental» del sistema educativo. A este respecto, Bildarratz hizo ayer hincapié en que uno de los principales objetivos en los próximos diez años serán las inversiones en la escuela pública.