PP, Cs y Vox citan a Chaves, Griñan y Díaz en campaña para aclarar el uso de fondos públicos en prostíbulos

Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz./
Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, también deberá acudir al Parlamento

CECILIA CUERDOSevilla

La campaña electoral se anticipa movida en Andalucía, tras conocerse que PP, Cs y Vox, que suman mayoría en el Parlamento regional, citarán a los expresidentes autonómicos Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, además de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, para que acudan a la comisión de investigación que trata de aclarar el uso irregular de fondos públicos por parte de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Un dinero que acabó en prostíbulos, según pudo comprobar la investigación policial.

La comisión se reunirá este viernes para consensuar el nombre de los intervinientes, que incluye además seis exconsejeros, y el calendario de trabajo, que saldrá adelante dada la mayoría de las derechas. Las primeras citaciones se prevén para finales de octubre o principios de noviembre, coincidiendo además con la sentencia de los ERE. La escena de los máximos responsables del PSOE en Andalucía declarando en comisión parlamentaria sobre dinero público de los parados malversado en clubes de alterne era demasiado tentadora para dejar de sacarle rédito político en una campaña que se prevé a cara de perro. Aun así, la portavoz de Cs en la comisión, Teresa Pardo, negó este martes este extremo, apuntando a que la responsabilidad en todo caso es del presidente en funciones Pedro Sánchez por haber convocado de nuevo elecciones. «Lo único que queremos es que salga la verdad», subrayó.

La puesta en marcha de esta comisión fue una de las reclamaciones de Cs a sus anteriores socios de gobierno, el PSOE, que solo accedió cuando ya tenía claro que iba a adelantar los comicios autonómicos. Las derechas hicieron de ella su bandera en campaña, y de hecho Juan Manuel Moreno Bonilla inició la carrera electoral ante la puerta de uno de esos prostíbulos, convirtiéndolo en todo un símbolo de despilfarro socialista. Ni Díaz ni Montero formaban parte de los gabinetes socialistas cuando operaba la fundación, pero los partidos de derechas las acusan de haber mirado para otro lado cuando salió el escándalo e incluso negar en el Parlamento la existencia de esas tarjetas de crédito.

La Faffe era una empresa pública orientada a la formación de parados, pero también un coladero de dirigentes socialistas, según los informes policiales que constatan el supuesto enchufismo en su estructura de personal. Entre 2004 y 2010, justo la etapa donde se cometieron los desmanes en Empleo investigados en los ERE, dispuso de un presupuesto de 828 millones de euros.

A las supuestas irregularidades detectada en la organización de cursos de formación, que investigan ya los juzgados, se sumó una pieza separada para aclarar el uso anómalo de las tarjetas de crédito vinculadas a su cúpula directiva. Según su exdirector, Fernando Villén, fruto de una «equivocación» con las tarjetas de crédito a la hora de pagar la juerga. Un error que se repitió hasta en 43 ocasiones, según el informe policial, que subraya que días después los cargos en las tarjetas fueron anulados y pagados en metálico con dinero que se sospecha salió del mismo lugar.

El PP, personado en la causa, cifró en 80.000 euros el dinero gastado en clubs de alterne, restaurantes, joyas, hoteles y gastos sin justificar que además se habrían intentado ocultar maquillando las cuentas.