La juez cita a Cifuentes por presunta falsedad documental y cohecho

Cristina Cifuentes, en una imagen de archivo./EFE
Cristina Cifuentes, en una imagen de archivo. / EFE

La magistrada de Madrid interrogará a la expresidenta autonómica el 26 de junio por el 'caso máster'

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, María del Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la presunta falsificación del máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), ha citado a la expresidenta madrileña como investigada el próximo 26 de junio por los delitos de falsedad documental y cohecho.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han informado de la citación de la juez del llamado 'caso máster', que este jueves comenzó la toma de declaraciones a los investigados y ha decidido realizar nuevos interrogatorios, incluido el de Cifuentes, que tendrá que ir acompañada de abogado. La expresidenta madrileña ha dejado la política para volver a su plaza de funcionaria en la Universidad Complutense.

El cohecho y falsedad documental acarrean penas de hasta 6 años de cárcel

Los delitos de cohecho y falsedad documental, infracciones penales por los que tendrá que declarar la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes por el caso del máster, acarrean penas de prisión de hasta seis años e inhabilitación para ejercer como cargo público durante un periodo de seis años.

El cohecho es la infracción penal que se produce contra la Administración pública por parte de un funcionario o particular que solicite dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo. Este delito viene regulado en el Capítulo V del nuevo Código Penal entre los artículos 419 y 427 bajo el título de 'Delitos contra la Administración Pública'.

Fuentes jurídicas han especificado que en el caso de Cifuentes el cohecho que se le atribuye es el relativo al artículo 422, el mismo que se dio en el caso de los trajes del expresidente valenciano Francisco Camps. Se trata del cohecho pasivo impropio. En su caso, el expresidente valenciano fue absuelto. Esta infracción conlleva una pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.

El delito de falsedad documental viene recogido en el Capítulo II del Código Penal. El artículo 390 contempla que «será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad». Especifica que está falsedad se refiere a alterar «un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial» o simular«un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad», entre otros aspectos.

La juez interrogó esta semana a Alicia López de los Mozos, supuesta presidenta del tribunal del trabajo de fin de máster de Cifuentes, que aseguró que su firma fue falsificada en el acta de evaluación. López de los Mozos entró al juzgado como testigo y acabó siendo investigada por un delito de prevaricación administrativa.

La docente denunció que no formó parte del tribunal que evaluó a Cifuentes, que no firmó el acta del trabajo de fin de máster de la expresidenta y que no autorizó a nadie a hacerlo, por lo que su firma, aseguró, fue falsificada.

Además, dijo que desconocía si existe este documento o alguno otro relacionado con él en los archivos del Instituto de Derecho Público de la URJC y que se enteró de la existencia del acta con su firma falsificada cuando Cifuentes difundió ese documento.

López de los Mozos se sumó a las otros tres investigados en este procedimiento: Cecilia Rosado, profesora del máster de Cifuentes y secretaria del tribunal encargado de examinarla; Amalia Calonge, funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos que alteró sus notas, y el exdirector del Instituto de Derecho Público de esa universidad, Enrique Álvarez Conde.

 

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