El CGPJ ha nombrado 42 altos cargos desde que está en funciones

Pero lejos de paralizarse la actividad del órgano de gobierno de los jueces en estos doce meses, el presidente Carlos Lesmes y los veinte vocales que componen el Pleno han seguido cumpliendo con el mandato que prevé la ley orgánica que regula su actividad, artículo 570.2 de la LOPJ, y han continuado con el nombramiento de cargos gubernativos.

Se trata de la elección de presidentes de Sala del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), de Audiencia Provinciales y de TSJ o de magistrados del alto tribunal. Desde que el Consejo está en funciones, el Pleno ha efectuado 42 nombramientos en la cúpula judicial, según los datos del CGPJ.

Se trata, en suma, de renovar cargos clave de la Administración de Justicia, que en unos casos ya habían concluido su mandato de cinco años y en otros, caso de los jueces del Supremo, lo motiva su jubilación. La ley en este sentido es clara y prohíbe mantener a un magistrado en activo más allá de los 72 años. De este modo, de no haberlas convocado en este periodo de interinidad, el Consejo hubiera dejado las distintas Salas del alto tribunal «disminuidas y abocadas al colapso», afirman fuentes del Supremo.

El hecho más paradigmático es la renovación de la Sala Segunda (de lo Penal), la misma que juzgó el 'procés' catalán y a los parlamentarios aforados. Formada ahora por 14 jueces, el Consejo nombró a tres nuevos magistrados en septiembre de 2018 y en las próximas semanas tiene previsto cubrir otras tres vacantes por jubilación. Es decir, se va a renovar en solo 15 meses más de un tercio de la Sala. Un total de 28 magistrados se han postulado al puesto y desde esta semana se vienen celebrando las comparecencias públicas de cada uno de ellos en el CGPJ.

La Comisión Permanente –el órgano ejecutivo del Consejo y que está presidido por Carlos Lesmes– elegirá las ternas entre los candidatos y finalmente el Pleno votará. Para cualquier nombramiento se exige una mayoría de tres quintos, es decir, 13 de los 21 votos en liza. Una circunstancia que obliga al consenso entre los dos sectores, ya que el considerado progresista (minoritario) tiene capacidad de bloqueo. El mejor ejemplo ocurrió en el Pleno de la semana pasada: la presidencia del TSJ de Canaria quedó desierta porque ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría requerida, mientras que los nombramientos de tres jueces del Supremo se acordaron por mayorías amplísimas, 14, 17 y 18 votos, respectivamente.

No obstante, los 42 nombramiento realizados en este año en funciones sí han logrado los votos necesarios, porque los 11 vocales considerados conservadores han votado en bloque con el apoyo de un sector de la minoría progresista a cambio de determinadas concesiones. En cambio, cuatro consejeros, las «progresistas» Roser Bach, María Victoria Cinto y Concepción Sáenz, y el propuesto por el PNV Enrique Lucas Murillom han pedido acabar con la «vertiginosa carrera» de nominaciones en periodo de interinidad para evitar el «grave cuestionamiento» de la legitimidad del CGPJ.

Precisamente, dos asociaciones judiciales, Juezas y Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria, recurrieron ante el Supremo la convocatoria de plazas judiciales y pidieron su suspensión cautelar. Pero la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) rechazó esta última pretensión antes de resolver el fondo porque el «normal desarrollo de la administración judicial requiere la pronta cobertura de las vacantes» y «mientras esta Sala no se pronuncie en contra mediante sentencia, los nombramientos efectuados cuentan con presunción de legalidad».