Cerca de la mitad de los asesinatos de ETA en Euskadi permanecen sin resolver

Hace casi un año que la secretaría que lidera Jonan Fernández y la Asociación Víctimas del Terrorismo, entonces bajo la batuta de Alfonso Sánchez -en la actualidad el cargo lo ostenta Maite Araluce-, empezaron a buscar una fórmula para resarcir a aquellos damnificados que, décadas después, siguen esperando Justicia. Cabe señalar que muchos atentados han prescrito, lo que hace «improbable» su resolución debido al tiempo transcurrido y agrava aún más si cabe su «victimación». El punto de partida han sido, por ahora, «los atentados terroristas con resultado de muerte perpetrados por ETA en la Comunidad Autónoma Vasca». El documento que se ha hecho llegar a los grupos parlamentarios, de sesenta folios, es obra de Carmen Ladrón de Guevara, integrante del departamento jurídico de la AVT y letrada en casos de terrorismo en la Audiencia Nacional desde hace más de diez años. En él se recogen el número de víctimas, con nombres y apellidos, la fecha y el lugar de cada atentado y el estado de su caso.

Para la creación de esta base -dado que no existe una cifra única- se han tenido en cuenta los datos que figuran en los archivos del Ministerio del Interior y del propio Gobierno vasco. Pero también los que recogen dos publicaciones «sobre la materia de probada solvencia» -'Vidas rotas' e 'Historia de un desafío'-, los que figuran en el Informe Foronda y, por último, los casos que cuentan con resolución judicial en la Audiencia Nacional. «Hemos considerado como víctima mortal de ETA a aquellas que son reconocidas como tal en, al menos, tres de esas fuentes», explican.

Así, la propuesta del Ejecutivo autónomo establece que la banda terrorista asesinó a 572 personas en Euskadi -316 en Gipuzkoa, 212 en Bizkaia y 44 en Álava-. En 252 de esos casos el autor material no ha sido condenado. Un total de 66 expedientes cuentan con alguna sentencia relacionada con el atentado -por ejemplo, colaboradores necesarios-, mientras que 186 casos no llevan aparejada ninguna sentencia judicial. 43 fueron amnistiados con la ley de 1977.

Mención especial merecen aquellos cuyo rastro fue expurgado, lo que hace imposible su localización y estudio. En total, siete sumarios fueron destruidos. Entre ellos, el del periodista José María Portell.

El Gobierno vasco y la AVT, de la mano en esta iniciativa, son conscientes del «alto porcentaje» de víctimas de ETA que «no han sido reparadas desde el punto de vista de la justicia efectiva». En un gesto hasta ahora inédito y para contribuir al «derecho a la verdad», el Ejecutivo de Iñigo Urkullu «posibilitará» a los damnificados «un conocimiento pleno y lo más completo posible de las circunstancias que rodearon los diferentes atentados terroristas, las personas que participaron en ellos y su motivación». Enviará, en este sentido, un documento oficial a las familias de todas las personas que ETA asesinó en Euskadi cuyos crímenes permanecen sin esclarecer en el que se incluirá «el relato» sobre su caso particular. «Se comenzará con aquellos atentados en los que sea prácticamente imposible su resolución judicial, dado el tiempo transcurrido», precisan. El Gobierno vasco recopilará los datos que se recogen en las resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional -encargada de enjuiciar los delitos de terrorismo desde su formación en 1977-, y los «completará» con «la verdad histórica» dispersa en distintas publicaciones e informaciones de carácter periodístico.

En el escrito que la Secretaría de Convivencia registró ayer en la Cámara vasca se incluyen, a modo de ejemplo, tres casos concretos. Se trata de los asesinatos del guardia civil José Antonio Pardines, primera víctima mortal de ETA, sujeto a la amnistía del 77; el policía Joaquín Ramos, asesinado en Vitoria en el 78 -no esclarecido-, y Antonio Hernández, escolta del que fuera presidente de la Diputación de Bizkaia en 1977 Augusto Guillermo Unceta. «La idea es seguir recopilando información para entregársela a las familias a lo largo de los próximos años», se compromete el Gobierno vasco. Para ello tratará de «impulsar mecanismos de cooperación» tanto con la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, como con los archivos militares correspondientes para el acceso a los expedientes militares.

Junto al 'dossier' de cada atentado, el Ejecutivo les hará llegar también el reconocimiento «personalizado» de «la injusticia radical e injustificada sufrida por dicha víctima provocada por el terrorismo de ETA». No es la primera vez que el Gobierno vasco se pronuncia en estos términos. Ya el pasado mes de marzo, con motivo del Día Europeo por las Víctimas del Terrorismo, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ofreció un discurso especialmente contundente. En un acto en el que también estuvo presente la AVT, reconoció el sufrimiento injusto -fue la palabra que más utilizó- que el terrorismo causó en sus víctimas y sus familias, y lanzó un mensaje a quienes, a día de hoy, todavía siguen sin reconocerlo. «No sabemos si ETA hará autocrítica, pero nosotros sí», proclamó.

«José Antonio, soltero, de veinticinco años, estaba regulando el tráfico en una zona de obras de la carretera Nacional I, junto a su compañero de patrulla Félix de Diego, asesinado en 1979. Un 'seat Coupé' con matrícula de Zaragoza, ocupado por los miembros de ETA Iñaki Sarasketa y Francisco Javier Etxebarrieta, Txabi, se detuvo junto a Pardines». El joven guardia civil les solicitó la documentación del vehículo y cuando fue a la parte trasera a contrastarlo con el número de bastidor, le asesinaron y huyeron. El autor material, Txabi, murió horas después en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Sarasketa fue condenado en junio de 1968 a pena de muerte. Se le conmutó por 30 años de prisión y finalmente, amnistiado por la ley del 77. Según la información remitida por la Audiencia Nacional, el sumario original se encuentra en el Gobierno Militar de Burgos.

«Tres policías muertos -entre ellos Joaquín Ramos- y otros dos heridos fue el balance del ametrallamiento de una patrulla ocurrido a las ocho de la tarde del 5 de marzo de 1978 en el barrio vitoriano de Zaramaga. El atentado fue perpetrado por miembros del 'comando Araba', que media hora antes se habían apoderado de un turismo 'Seat 1430' en el aparcamiento del hospital de Txagorritxu. Con él se dirigieron hasta la calle de los Reyes de Navarra, donde esperaron la llegada del Jeep. Dos o tres terroristas con fusiles dispararon varias ráfagas contra el vehículo», recoge el documento del Gobierno vasco. «El 5 de abril de 2000 se dictó sobreseimiento provisional por desconocimiento de autores o partícipes. No se ha encontrado ninguna reseña en prensa sobre los posibles autores». El sumario está en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.

«Antonio Hernández, de 23 años, casado y con un hijo de seis meses, se encontraba realizando labores de escolta al presidente de la Diputación de Bizkaia, Augusto Guillermo Unceta Barrenechea. Como este, se dirigió al frontón Jai Alai de Gernika, localidad de la que había sido alcalde, para jugar un partido de pala con unos amigos. A las 12.50 horas, el presidente de la Diputación estacionó su vehículos en un aparcamiento, se apeó y abrió el maletero para recoger la bolsa con la ropa de deporte. En ese momento un individuo le disparó un primer tiro en la cabeza, al que siguió una ráfaga de metralleta. En total, once impactos de bala le ocasionaron la muerte al instante. En relación con los presuntos autores del atentado se ha podido constatar que fueron enjuiciados y absueltos por estos hechos Miguel Ángel Goyenechea Fradura y Martín Apaolaza Azkargorta». Los datos han sido extraídos del sumario 28/77 de la Audiencia Nacional.