La abogada que no quiso «pasar por caja» y destapó el caso que ha sacudido al PNV

La abogada era Ainhoa Alberdi y en realidad no buscaba pruebas para incriminar a los dirigentes nacionalistas, sino para protegerse al constatar la «impunidad» con la que, confiesa, se movía el exburukide. De haberlo sabido tal vez no hubiera dado el paso porque el precio pagado no ha sido menor. Una «persona política» -cuya identidad nunca ha querido desvelar- le recomendó no volver a presentarse a ningún concurso público, se le han rescindido contratos y la tormenta desatada acabó por salpicar su vida personal mientras De Miguel era promocionado en la sociedad pública Hazi -de la que ahora sí ha sido despedido- y actuaba en representación del Gobierno vasco en otras autonomías.

La adquisición de aquella grabadora fue su respuesta a la deriva en la que se vio sumergida una joven proveniente de una familia nacionalista que siempre ha sido celosa de su intimidad. No hay fotografías de ella. Durante su declaración en el juicio que se celebró en la Audiencia de Álava en 2018, los magistrados ordenaron quitar la señal de vídeo que emitía el juicio y a lo largo del proceso solicitó medidas judiciales para proteger su imagen. Nunca ha dado entrevistas. Discreta, sólo ha hablado ante los jueces. Y con eso ha valido. Ahí ha sido donde relató el desarrollo de la trama, las consecuencias, las presiones, las tensiones, cómo ha tenido que recibir ayuda psicológica por ansiedad y estrés...

En 2006 Alberdi era la socia minoritaria de Urbanorma Consulting, una asesoría que, según zanja la sentencia del Supremo, se había constituido «exclusivamente» para adjudicarse el contrato de la ampliación del Parque Tecnológico de Álava, ubicado en Miñano. El control de la sociedad estaba en manos de Iñaki Echaburu, cuya pena se ha visto finalmente reducida a sólo 5 meses de cárcel. Era un contratista habitual del Gobierno vasco y conocido de De Miguel. El negocio era sencillo. Urbanorma se llevaba los trabajos -la adjudicación estuvo plagada de irregularidades- y a cambio los dos políticos se hacían cargo de una comisión. La sentencia también subraya que Alberdi desconocía la existencia de la 'mordida'.

Pero Urbanorma entra en concurso de acreedores y a primeros de 2008 Alberdi se hace con el 100% del capital. Asume el contrato de Miñano, descubre la 'letra pequeña' del documento y es a partir de ahí cuando se abre la caja de Pandora. Noviembre de 2008. De Miguel le cita en su despacho de la Diputación de Álava donde ejercía de responsable de Administración Local y le dice que tiene que «pasar por caja» y que lograr los contratos públicos «no era gratis».

Durante su declaración judicial Alberdi admitió que lo que más le sorprendió fue la «impunidad» con la que actuaba De Miguel. En su despacho oficial le hablaba de pagar comisiones, le mandaba correos electrónicos en los que aludía a la cuestión... Todo con absoluta normalidad, como si se sintiera protegido e intocable. Fue ese clima el que le generó «temor», el que la hizo pensar que todo podía volverse en su contra, que necesitaba un 'seguro' y el que la empujó a entrar en La Casa del Espía.

A partir de ahí empezó las grabaciones, a indagar, a hacer preguntas. Siempre con su grabadora Olympus. Ella misma reconoció que no había nacido para espía. No solo recogía conversaciones comprometedoras. También paseos con sus amigas, visitas al veterinario, comentarios intrascendentes... Todo quedó recogido en esa pequeña reproductora que se terminó convirtiendo en un arma de destrucción masiva para los ahora condenados.

Que estaba revolviendo el avispero le llegó a De Miguel. Ahí arrancó otra derivada. El exburukide tomó una decisión que acabó por volverse en su contra: dar un toque de atención al padre de la abogada, Juan Antonio Alberdi, destacado militante del PNV y compañero de comidas y de partidas de Echaburu. A principios de 2009 recibió una llamada. Era De Miguel. «Tu hija me va a meter en un lío». El padre trató de mediar. Hubo varias comidas «para comer en plan amigos» en Sondika y Vitoria entre el padre, De Miguel y el exburukide alavés Aitor Tellería, que también entrará en prisión.

Juan Antonio Alberdi narró ante los magistrados que los exdirigentes del PNV le explicaron que se les debía un dinero, pero que no se prodigaron a la hora de dar detalles ni le dijeron «de dónde provenía» la deuda. Al enterarse de esas reuniones, su hija le pidió que se apartase. Hay un momento en el que Ainhoa Alberdi decide romper la relación con De Miguel y Tellería y pasar página. Olvidarse de todo. Pero ellos no lo hacen. Y le mandan un recado. Según denuncia, la vetan en dos concursos públicos. Pero ese movimiento, la presión a su padre, se convierte en un bumerán para los condenados. Todo cambia. Fue lo que la empujó a presentar una denuncia ante la Fiscalía a finales de 2009.

Hasta cierto punto, Alberdi era consciente de lo que se le venía encima. Temía las consecuencias de un paso que cambiaría su vida para siempre y pidió acogerse a las medidas fijadas para la protección de testigos. En marzo de 2011 declaró en la comisión de investigación abierta en el Parlamento, pero se le permitió hacerlo en una comisaría de la Ertzaintza de Vitoria. Sus miedos se fueron cumpliendo. Llegó la «venganza». Tras presentar la denuncia se le rescindió un contrato en Orduña «sin explicación alguna», trató de lograr la adjudicación de un trabajo para Bizkailur -sociedad dependiente de la Diputación de Bizkaia- y se le trasladó que «durante muchos años» ni siquiera lo intentase...

Catorce años después de dar el paso, Alberdi trata de cerrar página. Las heridas siguen abiertas. Atrás quedan cicatrices personales y familiares y unas pérdidas económicas que, según sus cálculos, oscilan entre los 100.000 y los 120.000 euros. En la Audiencia de Álava lanzó una reflexión que resume sus sentimientos: «Me metí en esto quizá por convencimiento y justicia, y debería haber reflexionado más sobre las consecuencias que iba a tener para mí».