Casado rechaza los indultos: «Quien la hace la paga»

Casado ha afirmado que el PP tiene un «plan de Gobierno», de forma que aplicaría estas medidas si el 10 de noviembre los españoles le dan la confianza para gobernar. «Si eso es así, recuperaremos las transferencias en la Administración General Penitenciaria a algunas comunidades autónomas porque lo que hemos visto en Lledoners no es de recibo», ha afirmado, para añadir que en los países desarrollados no hay regímenes penitenciarios «diferenciados».

En una entrevista en Antena 3, ha recordado que se trata de la sentencia «más relevante de la historia democrática en España después del 23-F». «Desde el PP respetamos esta sentencia y además valoramos el trabajo de la Sala y, en especial de su presidente, Manuel Marchena», ha apostillado. Tras lanzar un «mensaje de tranquilidad a todos los españoles», ha recalcado que quien atenta contra el orden público, va contra las leyes y la convivencia tiene «un reproche penal muy elevado» recogido en ordenamiento jurídico.

Casado ha subrayado que ahora tienen que «poner las medidas para que esto no se revuelva» y «preservar el orden público a través de la legislación en vigor en caso de que hubiera algún tipo de insurrección, tal y como ha amenazado el presidente de la Generalitat y el presidente del Parlamento de Cataluña», Quim Torra y Roger Torrent, respectivamente.

El líder del PP ha trasladado su apoyo al Gobierno en funciones para defender la legalidad. «El PP ha dicho desde el principio, en público y en privado, que va a estar al lado del Gobierno para que haga cualquier medida para preservar el orden público y evitar este tipo de actuaciones violentas en las calles», ha resaltado.

Eso sí, ha solicitado a Pedro Sánchez que «afirme que no va a indultar a estos condenados ya por el Tribunal Supremo» y ha recordado que su formación lleva un año exigiendo este compromiso al presidente del Gobierno. Además, ha señalado que hace tres años registraron una modificación de la Ley del Indulto para que prohibiera esa medida a condenados por sedición o rebelión.

«Por eso es muy importante hoy para tranquilidad de los catalanes y para que no exista una impunidad política en pleno proceso electoral, que Pedro Sánchez se comprometa en no indultar a estos condenados ya por el Tribunal Supremo», ha abundado.

En este punto, ha advertido de que Sánchez está «obligado» a aplicar la ley en vigor y, por tanto, si hubiera algún tipo de «sabotaje» a las comunicaciones o «confrontación en las calles» tiene que aplicar de «inmediato» la Ley de Seguridad Nacional con la que el Gobierno «coordina todas las Fuerzas de Seguridad del Estado y puede suprimir la mal llamada de agencia de inteligencia catalana (Cesicat)».

También ha aludido a la Ley de Partidos Políticos, que está en vigor desde 2002, y tiene «consecuencias» en caso de que un partido «aliente la violencia o la justifique»; y a la Ley de Financiación de Partidos Políticos para que una formación con líderes «condenados por rebelión y sedición no pueda obtener ninguna subvención pública que luego utilice para algaradas o para justificación de la independencia».

Además, ha señalado que la Ley de Acción Exterior permite «cerrar inmediatamente Diplocat», las «mal llamadas embajadas con las que se hace propaganda negra a la democracia española en el exterior».