PNV, PSE y PP cargan contra Bildu por buscar beneficios para los presos de ETA «sin arrepentirse»

La consejera de Justicia del Gobierno vasco, la socialista María Jesús San José/BLANCA CASTILLO
La consejera de Justicia del Gobierno vasco, la socialista María Jesús San José / BLANCA CASTILLO

La consejera de Justicia reclama en un pleno monográfico del Parlamento que el traspaso de las prisiones no es «más que cumplir la Constitución»

Octavio Igea
OCTAVIO IGEA

El Parlamento vasco va a reclamar esta tarde por novena vez –la tercera en los últimos tres años– al Gobierno central que transfiera de forma inmediata la gestión de las cárceles del territorio. Lo hará por expreso deseo de todos los grupos representados, excepto el Partido Popular, y como colofón al pleno monográfico que la Cámara celebra este miércoles para debatir en torno al sistema penitenciario y su reorganización cuando quede en manos del Gobierno autonómico. Una maratoniana sesión que, más allá de especular sobre una competencia que parece aún lejos de materializarse, ha servido para que PNV, PSE y PP carguen con dureza contra la izquierda abertzale, a la que han reprochado que siga sin condenar el terrorismo y que centre sus reclamaciones sobre prisiones en las necesidades de los presos de ETA.

El pleno ha sido convocado a petición precisamente de EH Bildu, que hace algunas semanas presentó una batería de cien medidas para «cambiar de raíz» el sistema penitenciario y diferenciarlo del español. «No queremos una transferencia para hacer lo mismo que ahora», ha defendido la parlamentaria independentista Jone Gorizelaia. Y aunque todas las formaciones coinciden en la necesidad de aplicar reformas en el modelo si la transferencia se ejecuta, lo cierto es que las críticas contra la izquierda abertzale han arreciado. El debate práctico sobre reorganización de las prisiones, del personal, sobre la atención sanitaria o la instauración de penas alternativas ha quedado en un más que discreto segundo plano.

Con la reciente celebración del Día Europeo de las Víctimas aún fresca en la memoria, cita organizada el pasado lunes en San Sebastián por el Gobierno vasco a la que no acudió Sortu porque no estaba de acuerdo con el lema elegido –que apelaba a reconocer que matar «fue injusto»–, a PNV, PSE y PP no les ha gustado que EH Bildu siga refiriéndose a los etarras encarcelados como «presos de motivación política». Tampoco que la izquierda abertzale busque blindar los derechos de los terroristas sin que la mayor parte de ellos «se arrepientan del daño causado». «Dicen todo esto sin rubor cuando no hace tanto nos extorsionaban y asesinaban», ha lamentado la parlamentaria popular Nerea Llanos. «Esos derechos que defienden ahora para los reclusos no los teníamos antes algunos simplemente por ser de PP y PSE», ha añadido la socialista Alexia Castelo.

Aunque EH Bildu solicitó la celebración del monográfico el pasado noviembre, las tres formaciones también han criticado el «oportunismo político» de organizar un pleno de estas características a las puertas de dos campañas electorales. Y, especialmente, la «confusión» que trata de provocar la izquierda abertzale cuando habla de modelo penitenciario propio. Porque, aunque el Gobierno vasco reciba algún día la competencia para gestionar las cárceles del territorio, las políticas penitenciarias, entre ellas el acercamiento de presos y la progresión de grados, siempre corresponderán al Estado.

«No es una prebenda»

El PNV, al que EH Bildu ha reprochado su «beligerancia», también se ha querido sacudir la crítica de que lleva años fracasando en las negociaciones para que el Estado para el traspaso de la competencia. Y lo ha hecho reprochando a los independentistas una actitud «dilatoria», «injusta» y exenta de «autocrítica» respecto al terrorismo etarra. «Eso ha marcado la política penitenciaria», ha zanjado el jeltzale Joseba Zorrilla. «Etxerat ya se ha disculpado», ha defendido Jone Goirizelaia. «Etxerat no está en este Parlamento, pero la izquierda abertzale, sí», ha insistido Zorrilla.

El rifirrafe se ha producido en presencia de la consejera de Justicia del Gobierno vasco, la socialista María Jesús San José, que, como corresponde en un pleno monográfico, ha podido tomar la palabra sin límite temporal. San José ha defendido que la transferencia de la gestión de las cárceles «seguirá siendo una prioridad» de Lakua ante el nuevo Gobierno central que deparen las urnas, aunque ha insistido en recordar que la política penitenciaria seguirá siendo «exclusiva» del Estado. Y después de que Pedro Sánchez incluyera las prisiones en el calendario de traspasos a Euskadi que pretendía ejecutar –y que ya no podrá– entre 2019 y 2020 provocando el enfado del PP y la aprobación de una moción en el Senado que apelaba a bloquear nuevos traspasos, la consejera ha querido recordar que entregar el control de las cárceles a Lakua «no es una prebenda sino cumplir lo dispuesto en el Estatuto y la Constitución».