Las claves sobre la gestión de las tres cárceles vascas

El personal de las cárceles de Basauri, Zaballa y Martutene pasará a depender de la Administración que lidera Iñigo Urkullu. Actualmente cuentan con cerca de 700 funcionarios. En cuanto a los internos, la población reclusa en Euskadi ronda hoy -la cifra varía casi a diario-, los 1.300 presos, de los que alrededor de cuarenta lo hace por su vinculación con ETA, una cifra que irá en aumento.

Más de la mitad de los reclusos cumple condena en Zaballa (Álava), que fue inaugurada hace diez años. El buen estado en el que se encuentra este centro penitenciario contrasta con el de los otros dos, mucho más obsoletos. Está previsto que a partir de 2023, la nueva prisión que se construirá en el barrio de Zubieta en San Sebastián sustituya a la de Martutene, que a día de hoy cuenta con unos 250 internos. Solo quedará entonces abordar la situación de Bizkaia. La cárcel de Basauri, data de los años 60 y ha dado visos de saturación. En ella se encuentran alrededor de 300 presos.

Euskadi podrá interpretar la Ley Penitenciaria. Tendrá autonomía para elaborar informes sobre los presos, de los que dependen en gran medida las progresiones de grado y los beneficios. En caso de discrepancias con Instituciones Penitenciarias, la decisión recae en el juez de vigilancia.

Las juntas de tratamiento de las prisiones, cuya gestión pasará a manos del Gobierno vasco, tienen un papel fundamental. Son las encargadas de estudiar la situación de cada interno, su clasificación, el tratamiento y las actividades que realizan. Todos los reclusos están clasificados por grados. El primero, o régimen cerrado, se destina a los más peligrosos; el segundo es el más común; el tercero permite cierto grado de libertad, y por último estaría la libertad condicional.

El tercer grado, clave en la justicia restaurativa, está reservado para los internos capacitados para llevar un régimen de semilibertad y para los enfermos terminales. Salen durante el día y regresan para dormir. Pueden desarrollar actividades laborales, familiares y recibir tratamiento. Las juntas evalúan si un preso reúne las condiciones y la decisión última corresponde al juez. En los requisitos figuran el historial del recluso, su situación familiar y los delitos cometidos. También la facilidad para su reinserción, un aspecto en el que incidirá el nuevo modelo vasco. En casos como terrorismo, abuso de menores y organizaciones criminales, los reclusos deben haber cumplido al menos la mitad de la condena para acceder a este grado.

Para obtener permisos, ordinarios o extraordinarios, los presos deben estar en segundo o tercer grado. Su duración máxima es de siete días. Requieren de un informe favorable del equipo técnico y dependerán de la dirección del centro. En función del tipo de salida, también necesitarán el visto bueno del juez.

El modelo vasco se basará en «las tres erres: la resocialización, la reeducación y la reinserción». Potenciará el régimen abierto, dentro de la máxima exigencia. Se firmarán convenios con el llamado tercer sector social -colectivos de apoyo y ayuda a los presos-, así como con universidades y otros centros de formación. Apostará, además, por los encuentros restaurativos entre reclusos y víctimas.

Entre sus prioridades estará, asimismo, la atención a los presos con trastornos psiquiátricos. Más del 70% de la población reclusa en Euskadi consume tóxicos