Teníamos que celebrar la llegada de la regeneración de la democracia al primer puesto en la lista de temas que dominan el discurso político. Pero ... si miramos a la pista parlamentaria, cada uno la está bailando a su manera. No hay ningún movimiento coordinado y cada actor relevante tiene una versión de la democracia en la cabeza.
El PSOE hace un año defendía la calidad de la democracia española, hacía énfasis en los rankings internacionales que situaban a España como una democracia plena y defendía el correcto funcionamiento del Estado de Derecho sin ninguna referencia al 'lawfare'. El problema lo situaba en un escalón más bajo. En España no había un problema sistémico, lo que existía era un partido que negaba el resultado de las elecciones deslegitimando a los gobiernos de los que no formaba parte saltándose obligaciones constitucionales como la renovación de los representantes del Poder Judicial. El presidente Sánchez ha cambiado de ambición y ahora señala a la democracia española como deficiente por su incapacidad para controlar el suministro de información veraz a sus ciudadanos y la politización del Poder Judicial.
El Partido Popular puede decir que llevaba tiempo situando el problema de la democracia española en sus discursos. Pero su idea de mal funcionamiento de la democracia estaba relacionada principalmente con la falta de respeto a la lista más votada. Cómo se puede llamar democrático a un Gobierno formado por una coalición de perdedores que rompe con el mandato popular expresado en las urnas. También se acusaba de problemático para la democracia que el PSOE pactara con los herederos de una banda terrorista y que nuestra democracia aceptara chantajes de partidos soberanistas para hacer cosas tan poco democráticas como una amnistía. Al presidente Sánchez se le definía y se sigue definiendo como un peligro para su ideal de democracia.
Las fuerzas soberanistas y nacionalistas coinciden en que el principal problema de la democracia española está relacionado con su incapacidad de respetar el derecho más básico de cualquier democracia, que es el derecho a decidir. En España no se respetaría este derecho, se perseguiría con el aparato del estado, incluido el Poder Judicial, a las ideas políticas contrarias a la unidad de España y los tribunales estarían centralizando de forma antidemocrática el estado español. La democracia está por encima del principio de legalidad y su regeneración debería empezar por no tener miedo a las urnas y a los referéndums, que serían la expresión más viva de una democracia.
Y la izquierda que está fuera del Gobierno también tiene un largo recorrido en las denuncias sobre la falta de calidad de la democracia española, enmarcada principalmente en su pecado original del régimen del 78. Sería algo así como que en España siempre hubo una democracia tutelada, que Franco dejó todo atado y bien atado, empezando por una Monarquía como símbolo antidemocrático del candado que se puso al proceso constituyente español en el nacimiento de su democracia.
Este sería el escenario de los diferentes ideales de democracia que conviven en el Parlamento español. No parece el momento político más adecuado para llegar a acuerdos de envergadura o a los pactos del país que requeriría una ambiciosa regeneración de la democracia española.
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