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En Euskadi, el 88% de los votantes del PNV está a favor de apostar por el despliegue de las infraestructuras renovables en el territorio, el ... 86% de los de EH Bildu también simpatiza, lo mismo que el 93% de los del PSE y el 80% de los del PP. El PNV, el PSE-EE y EH Bildu acordaron la aprobación el Plan Territorial Sectorial en el Parlamento que señalaba las zonas donde se podrían presentar proyectos de desarrollo de infraestructuras eólicas o fotovoltaicas. De la misma manera que apoyaron los tres partidos la ley de Transición Energética y Cambio Climático de Euskadi que establece un marco jurídico para alcanzar la neutralidad climática en la región a más tardar en 2050.
El problema social con las renovables, si existe, está microlocalizado en algunas comunidades locales elegidas para el desarrollo de parques de energía renovable. Un fenómeno conocido y estudiado en espacios de alto desarrollo de infraestructuras renovables como EEUU, Canadá, en nuestro vecino Portugal o en España en comunidades autónomas pioneras como Galicia o Aragón. Por cierto, en Portugal un reciente estudio nos mostraba como Chega, el partido de extrema derecha, estaba rentabilizando en las zonas rurales los movimientos locales contra las renovables.
Euskadi iba a la cola de Europa en el despliegue de energías renovables en su territorio. De hecho, cuando se aprobó el Plan Territorial Sectorial (PTS) se llevaban décadas sin aprobar el desarrollo de nuevas infraestructuras eólicas. Y este impulso de Gobierno y Parlamento vasco coincidió con el inicio de la campaña para las elecciones locales de 2023, donde se visibilizó en qué zonas podría haber en el futuro nuevas infraestructuras fotovoltaicas y eólicas y en cuáles no. El carácter abierto del PTS ofrecía una oportunidad para que los alcaldes y candidatos locales de los principales partidos que habían acordado en el Parlamento suscribieran su apoyo de forma entusiasta y aprovecharan el texto para hacer pedagogía durante la campaña de ese compromiso con Euskadi y el Planeta. Lo que ocurrió no fue exactamente así. Muchos alcaldes y líderes de la oposición local de todos los colores políticos lo que hicieron fue decir rápidamente que en su municipio de entrada no.
En ese contexto se perdió, por razones electorales, una oportunidad para generar una conciencia social cristalizada en base a la necesidad real de abastecernos cada vez más, y de manera urgente, con fuentes autóctonas y renovables y se perdió la oportunidad de utilizar el conocimiento acumulado en otros territorios sobre la necesidad de equilibrar los intereses de la economía, el medio ambiente y las comunidades locales para avanzar hacia esa transición energética sostenible.
La mayoría de la ciudadanía no se opone a que se desarrollen estas infraestructuras en las cercanías de su territorio, según un estudio impulsado por la Fundación Europea del Clima en España. Y los que se oponen, lo que quieren es contar con más información, con más explicaciones y, sobre todo, que esté muy claro cómo les puede beneficiar a ellos también. La demanda de más información, la desconfianza ciudadana hacia el poder económico y el poder político y el deseo de un reparto justo de los beneficios son las palancas que habría que activar en las comunidades locales para minimizar el ruido social.
El ataque violento y el hostigamiento continuo que ha sufrido Aritz Otxandiano no solo es condenable porque no tengan cabida en democracia ese tipo de expresiones violentas sino porque no aporta nada a la comunidad local. Los fines de este tipo de protestas son igual de perjudiciales para la democracia como sus medios. Por eso es fundamental que los principales partidos que tienen el poder municipal en Euskadi trasladen a las comunidades locales su visión compartida en el Parlamento Vasco para que Euskadi no siga a la cola de producción de energía renovable en su territorio.
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