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La vivienda se ha convertido en eje central del debate político. La atención ha crecido en las últimas semanas ante la cristalización de un problema que se venía arrastrando desde la pandemia. La oferta es muy inferior a la demanda. Y la bajada de tipos ... de interés está disparando las compras. Así, la firma de hipotecas en Euskadi creció en octubre un 60% y un 70% en noviembre con una afección sobre los precios que les hace crecer cerca del doble dígito. Un cuadro que amenaza con una nueva burbuja, pero, sobre todo, eleva exponencialmente la dificultad que muchas familias tienen para acceder a un hogar.
La reforma fiscal vasca, que están tramitando las diputaciones y que llega ahora a su proceso de debate y aprobación en Juntas Generales, había recogido este guante para mejorar el trato en los impuestos por la vivienda habitual. Pero el enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular ha abierto un nuevo escenario. Sus propuestas encarnan las dos filosofías para afrontar la solución: la primera, más intervencionista sobre el mercado; y la segunda, más partidaria de liberalizar la acción de las empresas para acelerar la construcción de viviendas.
Aunque las diputaciones defienden que el paquete global sobre vivienda en Euskadi es, en su conjunto, más ambicioso, algunas de las medidas que pondrán en marcha las comunidades autónomas gobernadas por los populares y las propuestas del Gobierno de Pedro Sánchez alientan una carrera que va más allá.
Es el caso de uno de los anuncios estrella presentados este lunes por el presidente Pedro Sánchez: la exención en el IRPF del 100% de los ingresos por el alquiler para el propietario. Una bonificación que se aplicará cuando la renta sea la misma que fija el índice de precios de referencia. Es un incentivo que supone duplicar el 50% que, como máximo, plantean las diputaciones vascas en su reforma fiscal.
Así las cosas, fuentes de las tres instituciones forales han confirmado a EL CORREO su disposición «abierta» a «escuchar», «mejorar» y «dialogar sobre nuevas propuestas». Eso sí, deben ir «alineadas con las materias que son objeto de revisión» y «sin desdibujar nuestro planteamiento». Y es que el momento no puede ser más preciso, ya que en las tres Juntas Generales se abre ahora el plazo de presentación de enmiendas y, además, en Álava y Gipuzkoa, PNV y PSE necesitan al menos el apoyo de un grupo de la oposición: Bildu, PP o Elkarrekin Podemos.
Las diputaciones recuerdan que la reforma plantea «un paquete de medidas para la vivienda muy importante». El alquiler es uno de los objetivos más destacados por su mayor urgencia social. Para movilizar vivienda vacía, si bien no llega al 100%, la bonificación de los ingresos del propietario en Euskadi se eleva hasta un 50% si la vivienda está intermediada por una agencia pública de alquiler o está en una zona tensionada. Además, la deducción por el gasto en la renta del inquilino se elevará hasta un 35% para colectivos específicos, como menores de 36 años, familias numerosas o monoparentales o víctimas de violencia de género.
Fuentes de las haciendas forales insisten en que, si se añade además la exención de hasta 30.000 euros en Donaciones para los jóvenes por el dinero que reciban de su familia para comprar, el paquete es «más ambicioso». En la compra, las deducciones para ese colectivo subirán del 18% al 23%. El PP ha planteado elevar esta deducciones en el tramo autonómico del IRPF en las comunidades que gobierna (entre ellas, las limítrofes Cantabria, La Rioja y Castilla y León) y, también, reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10% al 4%, aunque en Euskadi ya está en esa cifra más baja.
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