Sin avances en el régimen para sancionar los carteles de apoyo a los presos de ETA
El Departamento de Justicia está a la espera del informe definitivo pero enfría el optimismo que mostró al principio sobre la iniciativa
Una cosa es la voluntad y otra muy distinta alcanzar los objetivos. Algo de eso sucede con el régimen sancionador anunciado como un freno para ... la exhibición constante de carteles con imágenes de etarras, en especial durante las fiestas de verano. La consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, lo situó en un lugar destacado de su hoja de ruta en cuanto llegó al cargo pero el asunto ha entrado en punto muerto y no tiene visos de avanzar. Aunque en el área recalcan que continúan a la espera del informe jurídico definitivo, los mensajes que viene lanzando la propia consejera dan a entender que es improbable que prospere. «Hace falta un mínimo de seguridad jurídica», lanzó hace unos días en el Parlamento vasco en la sesión de control al Gobierno.
Este mismo viernes, el pleno del Ayuntamiento de Vitoria -ya sucedió con anterioridad en San Sebastián- aprobó un texto en este sentido presentado por el PP y que obtuvo el respaldo del PNV y PSE para «impedir la colocación de carteles que hagan apología del terrorismo, exijan beneficios penitenciarios a presos de ETA o denigren a las víctimas del terrorismo», además de «identificar y sancionar a las personas o asociaciones responsables» de su colocación, así como a proceder a su retirada.
El problema es que no es tan sencillo. En una entrevista publicada en este diario en agosto, la consejera San José ya avanzaba que «hemos consultado con expertos en Derecho Constitucional y queremos una jurisprudencia comparada. Hay sentencias del Tribunal Supremo y en Europa sobre esos dos derechos que están en colisión, el de las víctimas y la libertad de expresión, y no cabe en ningún caso una pena privativa de libertad».
El Consejo de Participación de Víctimas consensuó un texto conjunto en febrero donde se reclamaba una modificación de la ley vasca de víctimas para incluir un régimen sancionador. Recordaron que la Ley de Memoria Histórica aprobada en el Parlamento vasco en 2023 prevé sanciones para quien humille a las víctimas del franquismo y para quien enaltezca a los que ejercieron la violencia de la dictadura y pidieron exactamente lo mismo. Querían acabar con esa disparidad y esa «injusticia». San José mostró su respaldo a la idea y remarcó que «no es admisible éticamente que la imagen de los victimarios y los símbolos que les representan ocupen el espacio público».
«Banalizar»
El problema no está en el fondo, sobre el que existe una sintonía general en el Ejecutivo de Pradales sino en encontrar una fórmula legal que cada vez se antoja más difícil.
En el área de San José no esconden la dificultad del régimen sancionador y recalcan, como hizo la propia consejera en el Parlamento, que hay avances en otros aspectos relacionados con la Memoria, como la comunicación a las víctimas del terrorismo o los actos organizados por Gogora como el que reunió en marzo a cientos de alumnos en el BEC que escucharon el testimonio de víctimas de la llamada 'socialización del sufrimiento'. Mientras, continúan a la espera del informe jurídico definitivo, que es la única pieza que puede cambiar el rumbo de ese régimen.
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