La autonomía municipal no está en juego
Estos días la agenda vasca nos ha traído un dilema muy interesante que atraviesan todas las democracias. Y más que un dilema, es un trilema ... famoso en el que se mezclan la soberanía (municipal), la globalización (la amenaza climática) y la democracia (quién decide). El pasado jueves, el Parlamento vasco aprobaba la Ley de Administración Ambiental con la mayoría absoluta de PNV y PSE, y toda la oposición en contra, de Vox a EH Bildu, por incluir la figura de los proyectos de interés público superior. En resumen, la existencia de esta figura permitiría al Gobierno autonómico poner en marcha infraestructuras necesarias para toda la ciudadanía vasca sin que los ayuntamientos afectados tengan poder de veto. Un atropello a la autonomía municipal, según los partidos de la oposición. Creo que en la cuestión de fondo, la relevante, el Gobierno vasco tiene razón. Pero falta integrar a los ciudadanos afectados en algún espacio del proceso que no tiene por qué ser el de la toma de decisiones.
Pongamos un ejemplo, el desarrollo de las infraestructuras necesarias para llevar a cabo la inaplazable transición energética y la descarbonización para intentar atenuar los efectos del cambio climático. Las grandes infraestructuras tanto eólicas como fotovoltaicas ya no son bien recibidas en casi ninguna localidad. La creciente oposición social y la utilización política que se hace de ella ponen en riesgo la consecución de los objetivos climáticos y pueden suponer un retraso en la transición energética, con las consecuencias económicas y ambientales que ello supone.
En el trilema que presentaba Rodrick si retiras autonomía o soberanía a un territorio por un bien superior en el que sus ciudadanos dejan de decidir directamente sobre cuestiones de su interés para que las decisiones las adopte otro nivel de gobierno, en este caso autonómico, tienes que cuidar la democracia abriendo más espacio a la participación ciudadana en el nuevo poder donde se van a tomar las decisiones. En este sentido, la actual ley podía haber ido un poco más lejos. En su redacción actual, el proyecto se somete a información pública e informe municipal con un plazo de dos meses; en segundo lugar, la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco hace un informe vinculante para comprobar si se adapta a los instrumentos de ordenación territorial y, en tercer lugar, si se necesita una evaluación de impacto ambiental, se consulta al Ayuntamiento. Faltaría un cuarto paso. El Gobierno vasco podría abrir un espacio participativo de información y deliberación para rendir cuentas y legitimar la decisión ante una muestra representativa por sorteo cívico de la ciudadanía del territorio afectado. Porque el problema no es de autonomía municipal, es de falta de espacios innovadores para una gobernanza que incluya a la ciudadanía no organizada, que es la mayoría.
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