La Audiencia Nacional revoca un tercer grado otorgado por el Gobierno vasco a un etarra

La Audiencia Nacional ha revocado el tercer grado concedido por el Gobierno vasco al miembro de ETA Jesús Narváez Goñi, tras aceptar las tesis de la Fiscalía, que consideraba que la progresión era «prematura». El colectivo Sare ha señalado que «las decisiones excepcionales crean situaciones de excepción» y ha anunciado movilizaciones de protesta.

El Departamento de Justicia del Ejecutivo autonómico concedió el tercer grado a Narváez y a Iñigo Vallejo la semana pasada. Covite y la AVT cargaron contra la decisión al considerar que ninguno de los dos miembros de la banda ha mostrado arrepentimiento sincero y siguen vinculados a la izquierda abertzale.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió al considerar que, aunque Narváez Goñi «muestra buena evolución en el tratamiento penitenciario, es preciso estar a la espera de cómo se desarrollan los permisos de salida» que se han concedido «muy recientemente». Y, tras la última reforma legal, el recurso del Ministerio Público revoca de forma automática la salida de prisión. Sare ha informado que el juez de Vigilancia Penitenciaria ha ordenado su reingreso en prisión. En la mayoría de los casos, la Fiscalía ha asumido los criterios planteados por el Gobierno vasco y da luz verde a la progresión de grado.

Narváez Goñi fue detenido y extraditado en 2014 desde México junto a la exmiembro de ETA Itziar Alberdi Uranga. Ambos llevaban 22 años huidos de la Justicia y fueron hallados en Puerto Vallarta, donde vivían con sus dos hijos y trabajaban, respectivamente, como masajista y profesora de yoga. Eran los que mayor número de asesinatos acumulaban entre los presos reclamados al estar en paradero desconocido.

Los dos etarras formaron parte del 'comando Ekaitz', que cometió 18 asesinatos en un año, y fueron incluidos en la primera lista de terroristas más buscados elaborada por la Unión Europea. En 2015 ambos fueron condenados por la Audiencia Nacional a 296 años de cárcel como autores del envío de un paquete bomba desde una empresa de mensajería de Toledo a su central en Madrid que el 12 de junio de 1991 provocó la muerte de dos agentes de los Tedax que intentaban desactivarlo. Previamente, Narváez Goñi ya había sido condenado a 60 años de cárcel por el asesinato de dos policías en Barcelona.

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