Apagar la alarma con el ladrón dentro
La ciudadanía vasca se sintió cómoda desde el principio con el estado de alarma. Su instinto de supervivencia les indicaba que reforzaba el escudo y ... la ayuda que necesitaban desde el Estado para hacer frente a una pandemia que llenaba los hospitales y arrancaba la vida de sus mayores a una velocidad desconocida. Incluso cuando la liturgia militar adornaba la escenografía del mando único, la mayoría de la ciudadanía vasca no mostraba el desagrado que los líderes de PNV y EH Bildu manifestaban hace un año en público.
Tan solo el 19% de la ciudadanía vasca pensaba que el Gobierno español estaba aprovechando el estado de alarma para limitar el autogobierno vasco. No llegaban al 30% los que pensaban que se utilizaba para limitar derechos y libertades. Y un 15% creía que era una excusa para reforzar la identidad española. Una minoría, en todo caso, comparado con el discurso que mantenían los dos partidos mayoritarios en Euskadi.
Con el paso del tiempo y de la pandemia, el Partido Nacionalista Vasco interiorizó que el estado de alarma no solo no se estaba implementando por un afán recentralizador, sino que era imprescindible con el actual marco jurídico para poder tomar todas las medidas necesarias para proteger a nuestra comunidad. La lotería judicial a veces tumbaba medidas necesarias y otras veces no. Las mismas medidas eran mantenidas o retiradas en función del juez y del territorio.
El Gobierno de Pedro Sánchez con el paso del tiempo y de la pandemia aprendió que se puede hacer estrategia política con el estado de alarma y su minoría parlamentaria se convirtió en una incómoda barrera para decidir sin pasar por el mal trago de tener que negociar con sus socios o con sus adversarios políticos. Una estrategia que acaba perjudicando a todos.
La gravedad de la situación en la que se encuentra Euskadi, uno de los territorios más golpeados actualmente por la pandemia, hace comprensible el malestar del lehendakari Urkullu con la posibilidad de que Sánchez renuncie a mantener el estado de alarma más allá del 9 de mayo.
El anuncio unilateral del presidente no es una muestra de deslealtad con sus socios parlamentarios o con los gobiernos autonómicos. Es el abandono a su suerte judicial de una parte del territorio español que, como Euskadi, todavía necesita ese paraguas legal. La situación en Euskadi parece difícil que mejore de aquí al 9 de mayo, por lo que dependemos de que el Gobierno de Pedro Sánchez reconsidere su actual posición y busque construir una mayoría parlamentaria que permita mantener un escudo jurídico vital para la salud de la ciudadanía vasca.
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