Amaya Fernández deberá dejar el Tribunal de Cuentas si asume la presidencia de la gestora del PP vizcaíno
Los servicios jurídicos del Parlamento vasco deniegan su solicitud de compatibilidad al entender que su cargo político «perjudica su imparcialidad e independencia profesional» en el órgano fiscalizador
Duro e inesperado revés para el plan diseñado por Génova para relanzar al PP de Bizkaia de cara al calendario electoral que se avecina en ... los próximos meses. La persona elegida por la dirección nacional del partido para tomar las riendas de la gestora que pilotará la formación, Amaya Fernández, se ha topado con la negativa del Parlamento vasco de autorizar que compagine esa tarea política con su actual trabajo profesional: asesora del Tribunal Vasco de Cuentas, puesto para el que fue autorizada por la propia Cámara a petición del PP en enero de 2022.
De ahí que la Mesa del Parlamento pidiera ahora un informe a sus servicios jurídicos para revisar su caso y establecer si podía ejercer al mismo tiempo su responsabilidad en el Tribunal Vasco de Cuentas y volver a la primera línea de la política vasca –llegó a ser presidenta interina del PP vasco tras la marcha de Alfonso Alonso– al frente de los populares de Bizkaia. Y el informe de los juristas del Parlamento es tajante: no.
Fechado este mismo martes, el informe de 7 páginas y al que ha tenido acceso este periódico recoge la contundente valoración de los servicios jurídicos, que se decantan por «denegar» la compatibilidad a Fernández. «La denegación se fundamenta en que la actividad solicitada, el ejercicio de funciones directivas en un partido político, contraviene el régimen de incompatibilidades reforzado aplicable al personal técnico superior del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, ya que perjudica la imparcialidad y la independencia profesional requeridas», detallan.
Según el argumento de los juristas, Amaya Fernández ostenta la condición de personal eventual en el órgano fiscalizador y tiene designada como área de fiscalización la Diputación Foral de Gipuzkoa y consorcios (excluido el Consorcio de Transportes de Bizkaia). Esta situación le permitiría «acceder a borradores de informes y a información estratégica confidencial sobre la gestión de rivales políticos mientras se ejerce una dirección activa en un partido». Además, si accediese al liderazgo del PP de Bizkaia «competiría por la gestión de entes fiscalizados», lo que según los letrados, «abre la posibilidad, real o aparente, de sesgar el proceso de fiscalización a favor o en contra de los intereses partidistas».
Por todo ello, se generaría un «conflicto funcional insalvable». «El ejercicio de un cargo de dirección política, como el solicitado (por Amaya Fernández), representa la antítesis del requisito de estar libre de sesgo político (...) lo que compromete la objetividad y la apariencia de imparcialidad de la institución (el Tribunal Vasco de Cuentas)», detallan los servicios jurídicos del Parlamento.
Dos casos previos afirmativos
Ahora será Mesa de la Cámara la que oficialice la denegación de la compatibilidad y aboque a Fernández a decidir si opta por renunciar a su puesto en el órgano fiscalizador para aceptar la presidencia de la gestora del PP vizcaíno, por contra, comunica a Génova que no acepta el cargo para mantener su trabajo en el Tribunal.
Fuentes populares han mostrado su «sorpresa» ante las conclusiones del informe, contra el que cabe recurso por parte de Fernández. De hecho, aseguran que la política de Barakaldo había solicitado y obtenido hasta en dos ocasiones la «compatibilidad» del Parlamento vasco para ejercer como miembro del comité electoral nacional del PP y del comité organizador del congreso nacional de su partido mientras seguía con su tarea en el Tribunal Vasco de Cuentas.
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