

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Humanamente se comprende el nerviosismo desatado en Moncloa, a medida que se estrecha el cerco judicial y Pedro Sánchez debe digerir, de buena mañana, titulares como el que afirma que el juez que instruye la causa contra el fiscal general en el Supremo, por un ... delito de presunta revelación de secretos, cree que el e-mail sobre el novio de Ayuso salió de la Fiscalía General rumbo a «Presidencia», desde donde se hicieron «gestiones» para que acabara siendo publicado en medios afines con una clara intención política. Pero, por más negro que vislumbre el presidente su futuro judicial y el de sus familiares y colaboradores más fieles, cuya conducta presuntamente delictiva está siendo investigada, nada justifica el atrevimiento de su partido y su Gobierno al proponer una iniciativa legislativa que persigue el archivo de dichas causas, sin que hayan sido esclarecidas.
Se trata de lo que la oposición entiende como «una ley de impunidad 'ad hoc'» con cierto conocimiento de causa, pues algo similar intentó Mariano Rajoy con la Gürtel, cuyos inmediatos beneficiarios serían en este caso la mujer y el hermano del presidente y el fiscal general, Álvaro García Ortiz, al limitar o eliminar la figura de la acusación popular (reconocida en la Constitución), dejando fuera de juego a las asociaciones que la ejercen en los procesos en los que están inmersos, ampliando los supuestos de recusación de aquellos jueces que hayan expresado alguna vez opiniones políticas. Algo que blindaría judicialmente a Sánchez y a los suyos, y que ha hecho que todas las asociaciones de la magistratura (incluso las más progresistas) pongan pie en pared. Ni victimismo ni bravuconadas.
Ninguno de sus socios parece (de momento) tampoco dispuesto a avalar semejante dislate, promovido por quien empezó diciendo que colaboraría con la justicia y que la verdad acabaría saliendo a la luz, y ha acabado denunciando ser víctima de acoso por parte de la derecha y la extrema derecha para intentar justificar un apagón judicial sobre el Ejecutivo, neutralizando a aquellos que ejercen la función de vigilancia, cuando la fiscalía se inhibe de actuar contra él.
La pregunta no es ya a qué le tiene miedo Sánchez (algo sobre lo que el último auto del juez Ángel Hurtado, dispuesto a tirar por elevación a la hora de imputar responsabilidades, nos puede dar una pista), sino si se justifica una ley a la carta, como la que el PSOE pretende aprobar a la desesperada, para luchar contra el supuesto 'lawfare'. Lo que, en mi opinión, sería un gravísimo error.
Aun reconociendo que la justicia puede incurrir en ciertos excesos de motivación política, nuestro Estado de Derecho es garantista y dispone de los mecanismos de control para proteger a quienes eventualmente resultasen perjudicados por ello. En lugar de buscar refugio en leyes que amparen la impunidad, deberíamos abogar por un sistema que blinde la independencia judicial, prime la transparencia, castigue la corrupción y el abuso de poder, y garantice que todos los ciudadanos respondamos en igualdad de condiciones ante la ley, sin coartadas ni privilegios.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
La víctima del crimen de Viana recibió una veintena de puñaladas
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Noticias recomendadas
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.