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Toda formación política tiene como propósito transformar la sociedad para hacerla acorde al modelo de gestión que, desde sus principios ideológicos, considera más idóneo. Y ... no tendría por qué haber en ello nada intrínsecamente reprochable. Excepto cuando ese modelo que se pretende más eficaz o acorde a los nuevos tiempos puede poner en riesgo derechos ya consolidados, que ha costado mucho conquistar. Entonces estaríamos hablando de una pésima idea, cuando no de un intento, más o menos deliberado o inconsciente, de (auto)sabotaje.
Quiero pensar que el ideólogo y portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, no ha reparado en que, de abrirse el melón que ha decidido poner sobre la mesa con su innovadora propuesta de crear una única Agencia Tributaria de jurisdicción autonómica, encargada de recaudar y, en su caso, de establecer nuevos impuestos, en lugar de las tres haciendas forales que lo hacen ahora, nuestro Concierto Económico tendría aún más difícil de reivindicar su razón de ser ante quienes siempre lo han puesto en cuestión.
Alega Otxandiano que «no tiene sentido que este país tenga tres haciendas», y lo sustenta en un criterio de economía de recursos, añadiendo que «no puede ser que haya tres fiscalidades diferentes en un territorio de dos millones de habitantes». Lo cual es técnicamente inexacto pues Euskadi no es un territorio, sino una comunidad compuesta por tres territorios históricos con un peso poblacional desigual que tienen un régimen tributario armonizado. O deberían tenerlo. «Foralidad» no debería ser sinónimo de «triplicidad». Y son precisamente las instituciones autonómicas (en concreto el Parlamento vasco) las encargadas de arbitrar esa coordinación y armonización interterritorial e interinstitucional, para evitar tensiones indeseables o un gasto público innecesario. Lo que no significa que estas no puedan también plantear medidas fiscales o crear nuevos «impuestos vascos», al margen de los estatales «concertados».
Pero atención. El Estatuto de Gernika establece que «las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de Concierto o Convenio» y la Constitución señala que «ampara y respeta los derechos históricos de los Territorios Forales». Los de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, según posterior sentencia del Tribunal Constitucional. La comunidad autónoma no tiene derechos históricos reconocidos. De ahí que mantener el actual modelo sea crítico para que los vascos de esos territorios puedan seguir ejerciendo una soberanía fiscal casi plena, a diferencia de las comunidades de régimen común.
La propuesta de Otxandiano resulta particularmente imprudente en un momento tan delicado, cuando en España se han despertado de nuevo las suspicacias de quienes acusan al Concierto vasco (y, por extensión, al Convenio navarro) de ser un privilegio, tras la reivindicación de los catalanes de un sistema de recaudación similar al nuestro. Aunque, en su caso, no haya tradición foral que hacer valer. Algo bueno tendrá el agua cuando la bendicen…
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