Sé que en el pecado lleva la penitencia y que él mismo ha contribuido a levantar el cadalso ideológico desde el que ahora es ajusticiado, ... pero me pregunto si es jurídicamente proporcional o socialmente progresista el linchamiento mediático del que está siendo objeto Iñigo Errejón (a quien aclaro que no he tenido el dudoso placer de conocer ni de votar), desde que Cristina Fallarás iniciara la publicación de una serie de testimonios anónimos que lo acusan de incurrir en prácticas vejatorias hacia las mujeres, algunas de las cuales podrían ser constitutivas de un delito de agresión sexual, como el denunciado por la actriz Elisa Mouliaá, en comisaría.
Al margen de que él mismo se haya puesto la soga al cuello envolviéndose en la bandera del «sólo sí es sí» y del «hermana yo sí te creo», sin imaginar que llegaría el día en que tendría tener que admitir su propia «toxicidad» machista, no sé para qué queremos juzgados, jueces y fiscales en España, si las redes sociales y los platós de televisión actúan como el nuevo tribunal de la moral, donde se denuncia, imputa y condena a ejecución pública, sin más pruebas, trámite o garantías procesales que la palabra de una docena de presuntas víctimas no identificadas.
Si hace una semana analizábamos el tono y contenido de la carta de defunción política de Errejón y el consenso general era que se trataba de la epístola de un psicópata, narcisista e hipócrita, tocaría analizar también los testimonios, profusamente novelados, de esas mujeres (en caso de que lo sean y no se trate de relatos apócrifos) que no escatiman en detalles obscenos y escabrosos al describirnos sus furtivos y humillantes encuentros con quien creían digno de admiración y, en lugar de un príncipe azul, resultó ser, para su decepción, un gañán, drogadicto y misógino, con demasiadas ínfulas y horas de porno visionadas. Pero que, curiosamente, no persiguen al contarlo una reparación legal ni castigar un delito (de haberlo), sino «sacar a la luz un relato que no existe», según ha dicho la propia Fallarás, autoerigida en Torquemada.
Lo que estas mujeres quieren para quien consideran su maltratador, acosador o agresor sexual no es la cárcel sino la cancelación y el descrédito reputacional. Algo que ya han conseguido. Pero que en modo alguno puede considerarse un triunfo social o colectivo, por más que la «izquierda transformadora» intente recuperar la batalla del relato, ya que, de ser cierto lo publicado, hablamos de chicas que apenas superan los veinte años, educadas en los preceptos de ese «nuevo feminismo» adanista que prometía empoderarlas y que, según se desprende de su propio desolador testimonio, se comportan como seres infantilizados, sin voluntad ni inteligencia emocional ni racional para decidir por sí mismas («me exigía, me obligaba, me imponía…») y mantenerse a salvo de los depredadores. Mujeres que han sido adoctrinadas en el victimismo y en la soflama reivindicativa que, en la práctica, parecen incapaces de atisbar los peligros de meterse en las fauces del lobo por más erótica del poder que desprenda.
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