«Si los ciudadanos me dan su confianza, me propongo dar al Parlamento la centralidad que merece y limitar el uso del real decreto-ley». ... Tal era la promesa que hiciera, en 2015, el entonces todavía aspirante a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, criticando con dureza a su predecesor en el cargo, Mariano Rajoy, «por abusar de este instrumento más que ningún otro gobierno en democracia». Un récord que, al llegar a la Moncloa, él mismo no ha tardado en pulverizar, convirtiendo una herramienta de uso reservado para circunstancias excepcionales en la forma habitual de sacar adelante las medidas que acuerda su Ejecutivo, sin enmienda ni consideración que valga, hurtando a las Cortes Generales su legítima función.
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En una democracia constitucional se regula por ley, se gobierna por decreto y se juzga por sentencia, y los poderes responsables de cada función son distintos. Sólo en caso de extrema «urgencia y necesidad», el Ejecutivo puede ejercer las funciones del Legislativo, sin vulnerar derechos fundamentales y con la preceptiva dispensa parlamentaria. Fue así durante la pandemia y Sánchez parece haberle cogido el gusto a esto de marcarse un Milei, legislando a golpe de «macro decretazo». Un «trágala» con el que a sus socios de investidura les cuesta comulgar pues, como decía Ortuzar a RNE, cada uno de los tres decretos-ley cuya aprobación se vota hoy en el Congreso, es «como una enciclopedia, en donde se mezclan cosas que nada tienen que ver unas con otras» y tanto ellos (el PNV), como Junts, tienen la incómoda sensación de que, «entre col y col», los socialistas les han colado «alguna berza» (o más bien un caballo de Troya que puede hacer peligrar la ley de amnistía, lavándose las manos como Pilatos).
Los jeltzales ya han adelantado que, aun así, darán su voto afirmativo a las tres macro leyes aprobadas en Consejo de Ministras y Ministros, más para no dejar caer algunas de las medidas que estaban en el acuerdo de investidura que firmaron con Sánchez, que porque les agrade la presentación y el aderezo de esa ensalada de temas que este les ofrece como plato único, si bien le han recomendado que abandone esa tendencia suya al «hágase según mi (su) voluntad», y en adelante se acostumbre a seguir la vía legislativa ordinaria presentando proyectos de ley por materias diferenciadas, susceptibles de ser modificados vía enmienda. Un molesto trámite de primero de democracia que el presidente se ha querido ahorrar negociando fuera del hemiciclo lo que debería haber sido debatido en este, mientras llama diálogo al chantaje mutuo con socios que no se fían de él, a sabiendas de que «quien hizo la ley hizo la trampa».
Sánchez empieza el año en definitiva como le gusta, pletórico de adrenalina y corriendo el riesgo de ser atropellado por su propia ley 'ómnibus'. Si no cede a pagar el nuevo precio que Junts le exige (incentivar fiscalmente a las empresas que regresen a Cataluña y multar a las que habiendo trasladado sus sedes sociales a España por el 'procés' se nieguen a volver) el Gobierno que preside en precario podría llevarse hoy su primer gran revolcón parlamentario. Y así, ¿hasta cuándo?
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