'Aggiornamento' constitucional

En tanto que la realidad que pretenden tutelar es cambiante, las leyes son hijas de su tiempo. Y la Constitución de 1978 no es una excepción. En un acto institucional convocado en su día por la Delegación del Gobierno en Cataluña, la exvicepresidenta y magistrada Teresa Fernández de la Vega hablaba de ésta como un compromiso que se construye a partir de un pacto de renuncias: «La del nacionalismo español al centralismo como forma de organización del Estado, y la de los nacionalismos territoriales al derecho de autodeterminación», obviando mencionar que en la Carta Magna existe una Disposición Adicional Primera en la que se «ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales» y que en nuestro Estatuto de Autonomía de Gernika se hace expresa advertencia de que «los vascos no renuncian a los derechos que les pudieran corresponder en virtud de su historia».

Entonces no se hizo un debate sobre la naturaleza y alcance de esos derechos por temor a la reacción airada de ciertos poderes fácticos empeñados en blindar la unidad de la nación española como único sujeto soberano, pero el legislador dejó entreabierta así la puerta para retomar este asunto cuando se estimase oportuno. Y, sea por el motivo que fuese, parece que ese momento ha llegado ya.

La necesidad de acometer una reforma constitucional en este sentido (algo que, de momento, se antoja imposible por no concitar un nivel de consenso suficiente) o de hacer una lectura jurídica menos rígida de su articulado que permita a Euskadi y Cataluña celebrar una consulta para -en su caso- acceder a un nuevo estatus, basado en el reconocimiento de que España es una nación de naciones, siendo estas objeto a su vez de derecho político, es una exigencia inapelable de los partidos que apoyan al Gobierno de Sánchez. El diálogo político y la voluntad de entendimiento es esencial para ello. Algo a lo que siguen sin estar dispuestos quienes, después de casi un lustro, se empeñan en seguir haciendo de la Carta Magna una trinchera inexpugnable o, peor aún, un instrumento de negación de derechos aun a costa de desvirtuar el propio espíritu constituyente.

En última instancia, la Constitución es un pacto social que debe reflejar la voluntad y aspiraciones de la sociedad que la respalda. Su evolución y adaptación son esenciales para garantizar que continúe siendo un marco sólido y relevante para las generaciones venideras. El reto estará en encontrar el equilibrio entre el respeto por la historia que la gestó y la audacia para construir un futuro inclusivo, dinámico y conciliador.