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Diana Martínez
Lunes, 20 de enero 2025, 19:58
El dolor sigue latente en Alonsotegi 45 años después de la tragedia que se cobró varias vidas. El 20 de enero de 1980 marcó un antes y un después en la localidad. Una bomba colocada en la puerta del bar Aldana explotó en plena madrugada, a escasos tres minutos de la una, dejando cuatro víctimas mortales –Liborio Arana, Manuel Santacoloma, Pacífico Fica y su esposa, María Paz Armiño– y diez heridos, siendo una de las más graves Garbiñe Zárate, que regentaba el local junto a su marido, José Ángel González.
El ataque, provocado por una bomba de más de cinco kilos de goma-2 colocada por un grupo de ultraderecha y dirigido contra un punto de reunión habitual de gentes próximas al nacionalismo moderado, dejó tras de sí no solo heridas físicas, sino también un dolor profundo que hoy en día sigue vigente. Este lunes se conmemoraron 45 años de uno de los episodios más trágicos en la historia de Alonsotegi.
«Nos tienen en el olvido»
En un acto lleno de emoción, más de un centenar de personas, entre los que se encontraban familiares de las víctimas, vecinos y políticos como Aitor Esteban y Andoni Ortuzar, así como el alcalde de Alonsotegi, Unai Arregi, –ninguno de los tres quiso hacer declaraciones– y representantes de EH Bildu se reunieron ante el mural en honor al bar Aldana. Tras un aurresku de honor, seguido de un minuto de silencio, familiares de las víctimas iniciaron la ofrenda floral. Entre ellos se encontraba, visiblemente afectada, Garbiñe González, hija de los dueños del bar. «Nos tienen en el olvido. Dieron carpetazo total al asunto, no se investigó nada», lamentó la mujer, que ya no tiene «ninguna esperanza» de que se retomen las pesquisas, «aunque ojalá ocurra. Han pasado ya 45 años, es mucho tiempo. Esto es muy duro».
En esta efeméride el pleno municipal ha aprobado una serie de compromisos con el objetivo de honrar la memoria de las víctimas. Destacan acciones para preservar la memoria, apoyar las vías que ayuden a esclarecer los hechos y pedir al Gobierno español la modificación de la Ley de Secretos Oficiales del Estado, que data de 1968, con el fin de esclarecer lo acaecido y se depuren responsabilidades. En ese sentido, tanto Esteban como Ortuzar pidieron posteriormente en sus redes sociales datos al Gobierno español para «saber quién dio la orden y quién perpetró aquella barbarie». De hecho, el portavoz del PNV en el Congreso ha preguntado si el Ejecutivo tiene voluntad de desclasificar la documentación «declarada secreta».
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