El acuerdo para desbloquear la ley de abusos policiales se cerrará la próxima semana

En un primer momento ambas administraciones esperaban poder dar por cerrada la cuestión antes de este fin de semana, si bien la necesidad de pulir algunos flecos del contenido de la normativa –de carácter más técnico, aseguran– ha motivado su retraso unos días más. Cabe señalar que desde el Gobierno vasco han mostrado en reiteradas ocasiones su disposición a adaptar algunos aspectos de la ley con el fin de facilitar su desbloqueo, sin que la normativa pierda su razón de ser.

La bautizada como 'Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia política en la CAV entre 1978 y 1999' fue aprobada por el Parlamento vasco en 2016 con los votos de PNV y PSE –EH Bildu se abstuvo–. Pero algunos de sus artículos fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional. La norma desató las críticas del Ejecutivo de Rajoy por considerar que invadía competencias del Estado, una visión que desde Euskadi rechazan. El alto tribunal aceptó a trámite el recurso del Gobierno central, lo que provocó la suspensión del núcleo de la normativa: 10 de 21 artículos.

Pese a su respaldo final a la ley, los socialistas ya advirtieron entonces del uso de términos como «represión ilícita» para situar el contexto en el que se produjeron las víctimas a las que se busca reparar y apuntaron que lo ilícito es el uso del poder o la violencia ejercida, pero no la actuación policial en sí misma. Además, insistieron en le necesidad de reforzar las garantías jurídicas de la norma limando controvertidos aspectos competenciales. Por ejemplo, sustituir el derecho a la Justicia de la víctimas, que no puede ser satisfecho administrativamente, por el derecho a la verdad o la necesidad de reconducir la petición de colaboración a los tribunales a términos de solicitud y no de exigencia.

La formación que lidera Idoia Mendia permitió incorporar al articulado de la normativa la exclusión expresa de las personas fallecidas o heridas en enfrentamientos con la Policía que estuvieran manipulando armas o explosivos.

En un nuevo gesto hacia el PNV, el Gobierno central ya anunció a principios de este mes su voluntad de llegar a un acuerdo sobre la ley de abusos policiales. Así lo avanzó el nuevo delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza, tras mantener su primera reunión con el lehendakari, Iñigo Urkullu. Incluso se puso fecha para un posible consenso: julio. «El tiempo aprieta», dijo Loza. Todo apunta, según fuentes de la negociación, a que se cumplirá el plazo, Y lo más importante, a que Pedro Sánchez aceptará retirar el recurso que presentó su antecesor.

Pese a que desde el Gobierno vasco han optado siempre por eso de evitar 'vender la piel del oso antes de cazarlo', hay varios movimientos que dejaban entrever cierto optimismo. Junto a la decisión de reservar en sus Presupuestos de este año una partida de 1,4 millones para desarrollar la ley, destaca la puesta en marcha de la comisión que valorará las solicitudes de posibles beneficiarios potenciales de la normativa. Este órgano se constituyó hace solo una semana, pese al bloqueo del Constitucional. Sus trabajos, ahora bien, no arrancarán hasta septiembre. Y para entonces, es probable que el horizonte esté más despejado.