Aborto, eutanasia, ley Celaá... las tareas pendientes del Constitucional

La Lomloe -conocida por el nombre de la exministra socialista de Educación, Isabel Celaá- también ha motivado sendos recursos ante el Constitucional por parte de PP y Vox. Ambas formaciones argumentan que la reforma educativa vulnera la Carta Magna en cuestiones como la enseñanza de religión, el castellano como lengua vehicular en Cataluña o el derecho de elección de los padres a matricular a sus hijos en centros concertados.

El PP y Vox recurrieron la norma que regula las condiciones para poder decidir sobre cómo morir, ratificada por las Cortes en marzo de 2021 por una amplia mayoría. Los populares sostienen que el artículo 15 de la Constitución establece que «todos (los ciudadanos) tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes». Vox coincide en que «hay una clarísima colisión de la ley de eutanasia con el derecho fundamental de la vida».

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, retiró el acta de diputado a Rodríguez tras ser condenado por el Tribunal Supremo a inhabilitación por dar una patada a un policía durante una manifestación. Rodríguez, ex número tres de Podemos, recurrió al Constitucional al considerar que se vulneró su derecho a un juez imparcial y que Batet le retiró el acta de forma unilateral sin la aprobación del pleno de la Cámara baja.

El pasado febrero la reforma laboral del Gobierno salió adelante por la mínima gracias a un error en el voto telemático del diputado del PP Alberto Casero. Aunque los populares se apercibieron del fallo antes del que el pleno de la Cámara baja se pronunciase, Batet rechazó autorizar una nueva votación de Casero. De nuevo PP y Vox coincidieron en presentar sendos recursos. Para los populares se conculcó el derecho a voto de su diputado, que avisó con «carácter previo» de su error. Vox argumenta que «se hurtó la voluntad popular». El Constitucional debe decidir si se debería haber repetido o no el refrendo de una de las medidas estrella del Gobierno esta legislatura.

PP, Ciudadanos y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña presentaron distintos recursos ante la violación de la ley que obliga a que un 25% de la educación se imparta en castellano en esta comunidad autónoma. La Generalitat ha esquivado la norma hasta ahora. El Gobierno que preside Pere Aragonès (ERC) aprobó en mayo un decreto -respaldado después en el Parlament por PSC, Esquerra, Junts y los comunes- que establece que no se pueden aplicar porcentajes en el uso de lenguas y reafirma el catalán como lengua vehicular.