La Fiscalía habla de «golpe de Estado» en el 'procés' y la Abogacía dice que no hubo violencia

El fiscal Javier Zaragoza, durante la sesión de ayer en el Tribunal Supremo. Efe/
El fiscal Javier Zaragoza, durante la sesión de ayer en el Tribunal Supremo. Efe

El Ministerio Público defiende que la rebelión fue «consumada» y sitúa a Oriol Junqueras como el «motor» del 'procés'

M. BALÍN / MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

«La Fiscalía se lo está jugando al todo o nada» fue la certera frase con la que Francesc Homs, abogado y exconsejero de Artur Mas, resumió durante un receso la táctica que empleó ayer el Ministerio Público. Efectivamente, los fiscales lo apostaron todo a un informe de conclusiones maximalistas, sin matices, según el cual el 'procés' fue un verdadero «golpe de Estado». Nada de una simple intentona secesionista fallida o una revuelta «sediciosa». Un «alzamiento violento» perpetrado a través de una «rebelión consumada» que tuvo su punto álgido en la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017. Una asonada, con violencia aunque sin armas, que pretendió sustituir un «orden jurídico por otro», derogando parcialmente la Constitución con el objetivo «de escindir una parte del territorio nacional».

La contundencia de la Fiscalía chocó con la postura de la Abogacía del Estado. La realidad que describió fue la misma que la que había dibujado la Fiscalía, pero las conclusiones fueron muy diferentes. No hubo rebelión, solo sedición, porque no hubo violencia. La jefa de la Sección Penal de los servicios jurídicos reconoció ayer que en el 'procés', y sobre todo durante el 1-O, los concentrados usaron la «fuerza» para votar e impedir a la Policía y la Guardia Civil cumplir un mandato judicial. Pero una cosa, según Rosa María Seoane, es usar la «fuerza» y otra bien diferente es utilizar la «violencia». Y «el uso de la violencia no fue un elemento estructural de los acusados».

Sin embargo, el Ministerio Público puso toda la carne en el asador con la intervención de los cuatro fiscales del caso, Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena. Frases rotundas y durísimas acusaciones para conseguir que el Supremo condene a nueve de los 12 acusados por rebelión por «quebrantar las leyes de la convivencia, romper el orden constitucional, enfrentar a miles de ciudadanos contra los servidores del orden público, obstaculizar gravemente las actuaciones judiciales y destinar fondos públicos para financiar actividades ilícitas», en palabras de Zaragoza.

Ni armas ni militares

«No fue sedición porque no fue un ataque contra el orden público, sino contra el orden constitucional. La rebelión no necesita de violencia grave ni violencia armada», zanjó el fiscal para separarse de la tesis de la Abogacía del Estado, resolviendo así una de las cuestiones más polémicas de este juicio. «No hacen falta armas ni militares, ni que la violencia sea grave o con armas», explicó el exfiscal jefe de la Audiencia Nacional.

En este reparto de papeles en la acusación pública, fue Fidel Cadena el encargado de disipar cualquier duda sobre la determinación de la Fiscalía de aplicar los grados más altos para la rebelión al dejar claro que el Ministerio Público cree probado que la asonada no fue fallida o inconclusa, sino que llegó a perpetrarse por completo. Nada de tentativa. «El 27 de octubre se consuma la proclamación de independencia. La Constitución queda derogada de hecho y de derecho en Cataluña», proclamó el fiscal.

Durante cuatro horas de exposición, la Fiscalía no ocultó que tiene en su punto de mira sobre todo a dos de los acusados, Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, y Joaquim Forn, exconsejero del Interior. «Junqueras es el motor principal de la rebelión», llegó a afirmar Jaime Moreno, quien recordó que dos de sus principales colaboradores fueron los encargados de desarrollar las estructuras de Estado. Junqueras, «miembro destacado del sanedrín» del 'procés', fue advertido, al igual que Forn, por los mandos de los Mossos del riesgo real de incidentes en el 1-O, recordó el acusador.