Victimismo o legalidad

Junqueras, que seguirá en prisión, y el resto del independentismo se debaten entre mantenerse o no al margen de la ley

Victimismo o legalidad
EL CORREO

El auto del Tribunal Supremo, que rechaza la petición de libertad de Oriol Junqueras al entender que podría volver a delinquir en su faceta pública por alentar la ruptura con el Estado, compromete por sus efectos la constitución de las instituciones de la Generalitat y el inicio de la legislatura en Cataluña. La resolución sobre el exvicepresidente afecta, sin duda, a los exconsejeros en prisión, a los ‘jordis’ y también a Puigdemont y el resto de autoexiliados en Bélgica. Porque todos se encuentran en condiciones similares en cuanto a que pudieran incurrir en los delitos que se les imputan -rebelión, sedición y malversación de fondos públicos- si se hacen con sus actas parlamentarias mientras están afectados por una investigación penal. El Supremo ha querido deslindar su actuación sobre actos punibles penalmente de la legítima defensa de postulados lícitos, aunque promulguen la desconexión de Cataluña respecto al Estado constitucional. La diferencia está en la vía elegida para ese propósito. En si esta se atiene a las previsiones legales o si, por el contrario, supone la quiebra de la convivencia instituida. La negativa del Supremo a conceder la libertad a Junqueras puede ser discutible en cuanto a los riesgos reales que ello entrañaría para la reedición de otro ciclo rupturista en Cataluña. Pero mientras prosiga la investigación judicial sobre los hechos que le mantienen encarcelado, cualquier señal que sugiera intenciones de saltarse las normas o de interpretarlas al margen de las resoluciones judiciales se convierte en un argumento que justifica la prisión provisional. Junqueras, su partido y el conjunto del independentismo -si acaso con la excepción de la CUP- se debaten entre la necesidad de encontrar alguna salida a la situación jurídica y judicial de sus dirigentes, y la constatación de que la cárcel y el autoexilio les dota de un aura victimista que hasta la fecha les ha sido rentable. Por mucho que el secesionismo cargue las tintas contra la ‘judicialización’ de la política, no puede soslayar que se ha empeñado de forma deliberada en actuar al límite de la ley, e incluso vulnerarla. El independentismo exige que cuando la Justicia dicte sus autos tenga una mayor atención al contexto social y político. Por eso mismo, sus líderes deberían regresar a la legalidad.

 

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