¡el último puchi!

¡el último puchi!
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Ignacio Marco-Gardoqui
IGNACIO MARCO-GARDOQUI

Estupendo. Tanto el Ministerio de Hacienda como los tribunales habían mantenido durante más de veinte años que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados inherente a las hipotecas debía cargarse al prestatario; es decir, al solicitante del préstamo. Hace un par de semanas la Sala Tercera del Tribunal Supremo modificó este criterio y causó, a la vez,el júbilo de los firmantes y el desánimo de las entidades bancarias, que vieron cómo sus cotizaciones caían a plomo y perdían miles de millones ante los evidentes perjuicios que tal decisión suponía para sus cuentas de resultados. El martes, el Pleno del Supremo volvió al criterio original... y se armó una auténtica revuelta.

Pablo Iglesias se escandalizó por las presiones, supuestamente ejercidas por la banca, pero no tuvo el mínimo empacho en convocar un escrache ante el tribunal. ¿Para presionarle quizás? El resto del espectro político se sumó al jolgorio y, como no podía ser menos, Pedro Sánchez se ciscó en el criterio del alto tribunal y, al ser un ser bondadoso, aseguró que «este impuesto nunca jamás lo pagarán los ciudadanos». En una primera lectura pensé que lo iba a abolir, pero enseguida me di cuenta de que obligará a pagarlo a los bancos. Claro, pero ¿cómo piensa evitar que éstos lo trasladen a sus clientes? Y ya de paso va a crear otro organismo 'vigilante/represor', porque le deben quedar unas decenas de afiliados sin colocar. Bendita unanimidad. Ya sabe, en los temas de populismo, ¡el último puchi!

¿Cuál es la razón por la que se admitió tan bien el cambio de un criterio viejo de veinte años y tan mal uno reciente de tres semanas? Una pregunta, casi estúpida, que se contesta con facilidad. Con el primer cambio ganaba el pueblo y con el último lo hacía la banca, odiada y odiosa. Otra pregunta, aún más estúpida. Si es un impuesto tan distorsionador, ¿por qué no se le ha ocurrido a nadie eliminarlo, simplemente como sucede en la mayoría de los países de la Unión Europea?

Ya puesto, sigo con las estupideces, perdóneme. Si el criterio es ese, ¿por qué no somos más ambiciosos, lo ampliamos y hacemos que las compañías distribuidoras de gasolinas paguen los impuestos que gravan a los combustibles, que los bares paguen el impuesto especial sobre las bebidas alcohólicas, las tiendas el IVA de las mercancías que venden, y así sucesivamente?

El hecho de que los impuestos, todos los impuestos, los termina pagando el cliente/usuario final es una verdad extremadamente desagradable. Pero es la única verdad. Si no le gusta y le parece un abuso, proteste al Gobierno, que es quien los cobra.

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