La inmigración y los urgentes interrogantes de la integración

En primer lugar, y de manera esencial, la integración debe ser estructural, centrarse en las cuestiones materiales, económicas y legales para poder ser, a priori, satisfecha. En segundo lugar, la integración cultural implica la progresiva incorporación a una realidad social definida por los idiomas, normas, valores y culturas del país de acogida. Se trata de una adaptación gradual, nunca definitiva ni mucho menos impuesta en términos de práctica cultural, como plantean algunos sectores políticos.

En tercer lugar, está la integración social e interactiva, que se refiere al mundo de los contactos y las interacciones cotidianas en la vida de una persona inmigrante. La falta de este tipo de integración tiene consecuencias graves para el propio inmigrante y para cualquier persona que, de la noche a la mañana, pierde sus redes de apoyo y relaciones sociales. Todas las personas somos seres sociales. En cuarto y último lugar se encuentra la integración a nivel de identidad, la identificación afectiva y emocional con el entorno social del país de destino. En cierto sentido, esta última forma de integración depende de las anteriores; sin condiciones materiales o legales adecuadas, o sin una mínima inmersión sociocultural, es muy improbable que se construya una identificación positiva con el país de acogida.

En el caso específico del País Vasco, todavía hay muchas tareas pendientes por resolver, especialmente en lo que respecta a la cuestión material. Los datos lo demuestran. En Euskadi se observan dos ritmos muy diferenciados en los procesos de integración social. Por un lado, están las condiciones de vida de la población autóctona y, por otro, las de las personas inmigrantes de origen extranjero. En efecto, los indicadores socioeconómicos, la precariedad, la falta de alternativas habitacionales y, en muchos casos, la imposibilidad de acceder a un permiso de residencia provocan que muchas de estas personas acaben en los márgenes de la sociedad.

Aún más llamativas son las diferencias dentro de la propia población inmigrante. Los estudios de la Encuesta de Población Inmigrante Extranjera (EPIE) llevan años revelando que dentro de la comunidad inmigrante se dan trayectorias muy diversas: algunas comunidades latinoamericanas (como las de Argentina o Uruguay) y europeas alcanzan una integración social más estable y de mayor calidad en términos de condiciones de vida, mientras que las comunidades de origen magrebí y subsahariano experimentan mayores dificultades en ingresos, salarios o habitabilidad. En el País Vasco coexisten distintos ritmos de integración social, algo preocupante si se piensa en la cohesión social a largo plazo.

Más problemática aún es la situación en el ámbito educativo, sin duda el motor sobre el que debería apoyarse la integración social. Los datos revelan una realidad sombría, pues nuevamente se observan dos ritmos distintos. En comparación con el alumnado autóctono, los estudiantes de origen extranjero obtienen peores resultados en los informes PISA, además de mostrar mayores dificultades para completar la Educación Secundaria y alcanzar niveles próximos a la universidad. De este modo, el fracaso escolar tiene, en buena medida, rostro de alumnado inmigrante.

Al ser la educación el principal motor de ascenso social, esta brecha resulta especialmente preocupante, y más cuando se considera el fenómeno de la segregación escolar por origen étnico, la concentración del alumnado extranjero en determinados centros públicos. Esta situación constituye un preludio claro de guetización, con posibles consecuencias muy negativas para la convivencia, ya que puede fomentar el aislamiento cultural y étnico e impedir la comunicación social. Si el Gobierno vasco no logra promover el encuentro interétnico e intercultural en esta etapa decisiva de socialización y aprendizaje, difícilmente se podrán esperar avances significativos en el futuro de la convivencia.

En este contexto, Euskadi es una realidad caracterizada por una amplia diversidad sociocultural. Ello convierte el reto de la gestión política en un desafío de gran magnitud, pues el trabajo a favor de la convivencia no ocurre por generación espontánea. Requiere de una acción política sostenida, capaz de alcanzar consensos que garanticen, por un lado, que la pobreza no se convierta en un factor de exclusión duradero y, por otro, que la segregación educativa no sea la antesala de una sociedad dividida y fracturada.