Los cuentos de Educación

Una de las principales razones es que existen, dentro de las administraciones públicas, órganos que deben analizar los proyectos de norma desde ópticas objetivas para procurar que se promulguen respetando la legalidad que nos ampara, y la separación de poderes según la cual el poder legislativo (autonómico y central) aprueba las leyes y el poder judicial interpreta su desarrollo, si alguien aprecia que ha sido contravenido.

Pues bien, todavía funcionan esos órganos en nuestra Administración y así, ante la tramitación del decreto de planificación educativa que nos ocupa, tanto la Oficina de Control Económico como la Asesoría Jurídica del propio Departamento de Educación entre otras instancias, han manifestado objeciones de peso y alertado ante el desprecio de normas básicas y sentencias judiciales firmes.

Aprecian ambas, entre otras cosas, que el ámbito de interpretación de la norma «debe entenderse referido únicamente a la red de centros titularidad de esta Administración educativa», sin que quepa interpretarse que concierne también a los centros concertados, tal y como quedó claro en la sentencia 118/2011 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ratificada por el Supremo un año después.

El Gobierno vasco sitúa en un pretendido pie de igualdad la red pública y la red concertada, dado que ambas formarían parte de un supuesto «servicio vasco de educación» (al que ahora le ha añadido el término «público»), pero como todos los organismos sin excepción le señalan, «no existe una única red de centros docentes», y ese servicio aludido es una expresión que «no tiene, sin embargo, valor normativo alguno», es decir, que no existe legalmente. No ha sido creado y menos regulado.

El pretendido tratamiento igualitario es, por lo tanto, inconsistente jurídicamente, y por ello, no puede ver la luz del BOPV sin arriesgarse a acabar en los mismos tribunales que ya expresaron lo que expresaron. Pero mientras tanto, el Gobierno vasco actúa como si lo hubiera, dando más a los que más tienen, y a los que menos tienen… quitando, en previsión de que para todo no dé (que no dará). Por eso, el borrador del Departamento endurece los requisitos de las escuelas públicas de los pueblos pequeños, las 'eskola txikiak'.

Ello pese a que la legislación básica le encomienda cuidar decididamente la enseñanza pública. Como le señala su propia Asesoría Jurídica, «la Ley orgánica de Educación en su artículo 109 establece las obligaciones de: garantizar la existencia de plazas públicas suficientes (apt. 3); y de promover un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública (apt. 5)». Y remata: «Ello ha de ser respetado por la normativa de la comunidad autónoma pues se trata de legislación estatal básica».

¿Qué hace el Departamento de Educación del Gobierno vasco con estas observaciones relevantes y reiteradas realizadas por sus propios servicios? Bastantes cosas, aunque no precisamente las reclamadas. En primer lugar, promueve una dirección más férrea de sus servicios jurídicos para evitar que sigan elaborando indeseados informes de control de la legalidad, que es su función. Asimismo, provoca movimientos fuera de su perímetro para influir de mejor manera en aquellas asociaciones denunciantes en el pasado, con el fin de que no se les ocurra volver a demandar y provoquen una indeseada clarificación jurídica.

Y para que no haya tentativas de reclamar la legalidad desde los centros concertados, aparte de decirles que todo esto se hace por su bien, anuncia nuevas subvenciones y riega con millones suplementarios la concertación, extendiéndola además al nivel de dos años. Aunque ello active la duda de si lo hace gracias a los fondos proporcionados por el Ministerio de Educación y la Unión Europea (más de 15 millones de ayuda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) para la creación de plazas en ese primer ciclo de Educación Infantil, pero públicas y gratuitas.

No obstante, el decreto de planificación anunciado sigue sin aparecer en la mesa del Gobierno vasco y por lo tanto en el BOPV (al igual, por cierto, que los que regulan los currículos educativos remitidos en septiembre a los centros), ya que debe pasar por un último filtro: el de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a la que debe doblegar. Mientras, Educación cuenta al Parlamento y a la opinión pública que todo va bien, confiando en que nadie rebusque en los papeles e investigue. Y así deja la legalidad maltrecha (por ser suaves), pero todos contentos, salvo quienes quedan damnificados por el desatino. Claro que esos no cuentan.