Renta básica incondicional y derechos humanos

Aquella atmósfera explica que el apartado primero de su artículo 25 estableciera que «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad».

El 16 de diciembre de 1966 la Asamblea General de la ONU aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo articulado desarrollaba los derechos ya establecidos en la Declaración. Su artículo 2, párrafo 1º, dispuso que «cada uno de los estados (...) se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos».

España ha realizado seis informes periódicos sobre el cumplimiento de ese pacto; el último, de 2017. Sobre su contenido, el Comité de la ONU ha indicado varios motivos de preocupación, de entre los que destaco su observación final 6, donde recomienda tomar las medidas legislativas pertinentes para garantizar y promover la aplicabilidad de todos los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en el pacto en todos los niveles del sistema judicial. En la observación final 16 recomienda que vele por que su sistema fiscal sea socialmente justo y con un mayor efecto redistributivo. En la 33 ve con preocupación el alto índice de población en riesgo de caer en la pobreza y exclusión social. En la 54 pide a España que dé amplia difusión a dichas observaciones en todos los niveles de la sociedad.

En el caso de la comunidad autónoma vasca, la última Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, que realiza bienalmente el Gobierno vasco, señala que al terminar 2020 había 132.173 personas en situación de pobreza severa, con ingresos por debajo del 40% de la renta mediana de la población, lo que indica un crecimiento de un 26,87% respecto a 2014 y de un 98,64% respecto a 2008. Ello demuestra que los medios hasta ahora utilizados no son eficaces a la hora de combatir la pobreza, cuya ausencia es condición imprescindible para el ejercicio de los derechos humanos. Y ello a pesar de la existencia, desde hace más de tres décadas, de programas como la renta de garantía de ingresos. Pero, desgraciadamente, contienen graves limitaciones: restricciones presupuestarias, cobertura insuficiente, estigmatización de las personas beneficiarias, costes de administración y la trampa de la pobreza.

En cambio, la renta básica incondicional, como la que plantea la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para su implantación en la comunidad autónoma vasca, supera las anteriores limitaciones. Completaría el derecho universal a una sanidad, educación, servicios sociales y vivienda, siendo compatible con cualquier salario o prestación contributiva y su coste sería plenamente financiable; además, en vez de un gasto es una inversión social y económica, ya que nada es más rentable que el empoderamiento de las personas.

Además, la rentab básica incondicional es un instrumento que, mejor que ningún otro, permite avanzar en el cumplimiento de muchos derechos humanos y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Gracias al reparto de riqueza permite incrementar el grado de autonomía y libertad real de la ciudadanía, empoderándola en las elecciones laborales, de formación y de proyectos de vida, favoreciendo el emprendimiento de proyectos colaborativos y creando una sociedad más igual y cohesionada, como un instrumento indispensable para conseguir que toda la ciudadanía disfrutemos de los derechos humanos. Por ello creo, al igual que las más de 80 organizaciones y las miles de personas que apoyan esta ILP, que es necesario aprobar una ley que implante una renta básica incondicional en Euskadi.

Ángel Elías Ortega es miembro de la promotora de la iniciativa legislativa popular para una renta básica incondicional en la CAV