El régimen pretoriano birmano

La respuesta ciudadana ha sido un desafío a una escala tal que no se había visto en décadas. Huelgas y manifestaciones, reprimidas a sangre y fuego desde el 25 de febrero y retransmitidas en directo por móviles e Internet, que mostraban a una población aterrorizada a la par que furiosa. El colapso económico parece cercano en uno de los países más pobres de Asia, sin atención médica decente, con altas tasas de desnutrición, con cierres de empresas e interrupciones en el comercio, con una gran caída de los envíos de divisas de los emigrados a otros países, con falta de efectivo en grandes y medianas empresas que no pueden pagar a sus trabajadores, con los bancos cerrados por las huelgas y los transportes y la industria de la confección paralizados, con aeropuertos y puertos prácticamente clausurados y con las más que previsibles sanciones internacionales que se habían eliminado hace diez años, cuando la dictadura dio paso a un período de transición y a la victoria aplastante de Aung San Suu Kyi en las elecciones de 2015.

Cuando se produjo la limpieza étnica de los rohingyas y las relaciones con Occidente se enfriaron, apareció China con inversiones multimillonarias con las que conseguir tres importantes objetivos: convertir el pequeño país asiático en un corredor hacia el Océano Índico, evitar la inestabilidad en la zona e impedir que el país se transforme en un trampolín de las aspiraciones de control de sus dos grandes rivales, Estados Unidos e India.

El 'Tatmadaw' (ejército birmano) ha subestimado las fuerzas sociales del país que se han unido para enfrentarse al golpe de Estado. Millones de personas (médicos, enfermeras, funcionarios, estudiantes, trabajadores de la industria y sindicatos) configuran una resistencia de amplia base que sólo ofrece dos opciones al pretorianismo birmano. La primera se está aplicando en estos momentos y consiste en represión sin límites y la segunda sería buscar un camino de acuerdo para restaurar el 'orden democrático' en una ruta de transición pacífica.

Esta segunda opción parece inviable en estos momentos por lo que supondría para los beneficios y prebendas de los militares y sus familias renunciar a éstos y porque para conseguirlo habría que cambiar sustancialmente la Constitución del país. Por otra parte, incidir en la primera opción implica que el 'Tatmadaw' asuma algo que hoy por hoy está imposibilitado de asumir como manifiesta el plan que está llevando a cabo hasta ahora en los ámbitos institucional, económico, mediático, político y represivo.

De ahí que incida en la represión sistemática para sembrar el terror de una población que ha adoptado diferentes formas de desobediencia civil. Desde la huelga de funcionarios hasta las protestas callejeras masivas, seguidas del boicot a las empresas en las que los militares tienen intereses, de la presión a las familias de los generales a través de las redes sociales y, en los últimos días, desde la muerte de la niña de 7 años Khin Myo Chit, de una nueva táctica, la de vaciar las calles. Con todas ellas ha impedido que la Junta militar controle el país, a pesar de que el ejército confía en agotar el movimiento cívico, en aterrorizar a la población y en dividir a la oposición.

El Movimiento de Desobediencia Civil y la revolución democrática en Birmania saben que han iniciado una lucha que puede durar mucho tiempo. El 'Tatmadaw' seguirá haciendo oídos sordos, al menos por ahora, a la condena internacional, se dedicará a aplastar las protestas e intentará controlar el país. En cualquier caso, es interesante recordar que la Myanmar anterior al golpe militar tampoco era una democracia consolidada, estaba lejos de serlo, y ello debe otorgarse, además de al 'Tatmadaw', a la líder del antiguo partido gobernante, la Liga Nacional para la Democracia, Aung San Suu Kyi. No sólo los militares traicionaron a la democracia birmana.