José Ibarrola

Un progresismo dogmático

Flaco servicio al oficio de pensar hace quien excluye de entrada a los conservadores como indignos de formar parte de la esfera pública

Domingo, 23 de mayo 2021, 00:33

Leo con interés la impecable entrevista que César Coca le hace a mi admirado Álvarez Junco en EL CORREO (16 de mayo). Queda en ella ... claro, desde luego, que el historiador tiene una sólida mala opinión sobre la Judicatura española, a la que reprocha ser «muy conservadora». Y el conservadurismo resulta ser para él el 'summum malum' de la sociedad española. De forma que -dice- es sólo gracias al Tribunal de Estrasburgo que se mantiene en España una Justicia objetiva, pues sin esa instancia exterior correctora no se sabe hasta dónde nos habría llevado el conservadurismo de nuestros jueces. Estremecedora opinión, sobre todo por la ignorancia que demuestra Álvarez Junco de que España es uno de los países europeos estadísticamente menos condenados en Estrasburgo, pero cada uno es muy libre de valorar mejor o peor el conservadurismo, así como de atribuirlo a la Judicatura española en masa y sin matiz.

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Lo que resulta ya de verdad preocupante, más allá de esa valoración, es que un historiador conecte explícitamente el «conservadurismo» de los jueces españoles con su «franquismo», consecuencia según dice de no haber sido adecuadamente educados en los valores cívicos como sí se hizo en el posfranquismo con los militares y la Policía. Y es que, más allá de lo absurdo de suponer que los jueces en activo son todavía los de la época de Franco, o pensar que les falta formación cívica, lo que resulta preocupante es esa asociación que se da por supuesta entre conservadurismo y franquismo. En España los conservadores son franquistas camuflados y no depurados a tiempo, eso es lo que se nos viene a decir en la entrevista. Y esto es una barbaridad intelectual y analítica impropia de un científico social de sólida formación como el profesor.

Una barbaridad que se inscribe en una forma de pensar (o por lo menos de discursear) que se ha vuelto endémica en la izquierda española progresista (no digamos en la izquierda revolucionaria) que, a fin de desprestigiar cualquier pensamiento o idea que no sean los suyos tacha directamente de «franquista» a cualquier conservador, por muy liberal o demócrata que sea. De manera que más o menos la mitad de la población española (y la europea igual o más) seríamos franquistas porque somos conservadores. Y al ser franquistas no sería necesario mayor esfuerzo intelectual para desprestigiar nuestra conducta que señalar ese tiznado indeleble que mana del pasado.

Flaco servicio al oficio de pensar es una tan burda asimilación y, desde luego, escaso respeto por el pluralismo constitutivo de una sociedad abierta demuestra quien excluye de entrada como indignos de formar parte de la esfera pública a los conservadores. Sin más y sólo por serlo. Cierto que la derecha española se caracteriza en la actualidad por renunciar a la batalla de las ideas y refugiarse en un acomplejado pragmatismo simplón, pero a pesar de ello existe en el mundo occidental un pensamiento conservador heredero directo de la Ilustración tan digno y profundo como el mejor de los progresismos. A pesar de que Franco no pasó por allí. Excluir a los conservadores o tildarlos de radicalmente reaccionarios es puro dogmatismo. De izquierdas, pero dogmatismo.

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Algo parecido ha sucedido en Madrid con la condena socialista de Andrés Trapiello (el autor de la celebrada 'Las armas y las letras') como indigno de cualquier distinción por ser un intelectual «revisionista» de la historia de la Guerra Civil, dado que en su obra se permite señalar y demostrar que también en la España republicana hubo violencia injusta. «Revisionista» es un calificativo nefando en la tradición intelectual de la izquierda, desde que Bernstein corrigió el dogma marxista por lo menos. Era peor que ser «burgués». Pero es también ahora un término, esto es lo relevante, que asume implícitamente que existe un dogma o canon histórico verdadero e inmutable acerca de nuestro pasado histórico (el que dictan los progresistas actuales) y que quienes se aparten de él pueden ser sin más, y sólo por ello, deslegitimados como ciudadanos (de pasada, probablemente esos 'revis' son los mismos que los conservadores franquistas de Junco). Y no sólo deslegitimados, sino dentro de poco también condenados por los tribunales en virtud de la próxima modificación de la Ley de Memoria Histórica que sancionará como delito cualquier desviación del dogma que suene o huela a explicación o justificación del franquismo.

Nada hay más radicalmente incompatible que creer en el progreso humano a través del uso público de la razón, por un lado, y proclamar un dogma de creencias intocables que permitiría excluir o castigar al disidente, por otro. Sólo la izquierda patria es capaz de vivir en semejante contradicción y, además, sentirse ufana por ello. ¡Ver para creer!

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