Por el autogobierno y el derecho a la vivienda

Posiblemente, una de las razones más poderosas que explican esta reiterada contienda de opiniones ante los medios estriba en la importancia crucial que va adquiriendo la satisfacción de este derecho a una vivienda digna. Durante más de 40 años poco se ha opinado sobre este asunto, pero ahora, después de varias crisis económicas y de una, en concreto, basada en la llamada 'burbuja inmobiliaria' española, parece que ha tomado velocidad de crucero la carrera para ver quién lidera la crítica, aunque sea a costa de exagerar, especular y de decir medias verdades o mentiras con toda intencionalidad.

Diversos agentes políticos y sociales culpan al Gobierno vasco de todas las dificultades, pero… ¡ya está bien! No debe valer todo. Debe ser considerada una exageración intolerable, pues ninguna de las tres razones por las que se estima que el acceso a la vivienda es un grave problema corresponde con responsabilidades del Ejecutivo vasco: no decidimos, ni podemos decidir, sobre las hipotecas, el precio de los alquileres ni la regulación de un mercado de trabajo en condiciones precarias. Una vez más, se han equivocado de puerta y deben ir a la que dicen que no les gusta, que es la del Gobierno español.

En 2015, el Parlamento vasco aprobó una Ley de Vivienda de la que parece que solo gusta decir que no contó con el voto del PNV. Convendría recordar que esa misma ley fue recurrida, ante el Tribunal Constitucional, por el Estado español, que fue defendida en comisiones bilaterales y en el propio tribunal por el Gobierno vasco y que, además, obtuvimos una sentencia parcialmente favorable, dándonos la razón completa en lo que ahora nos ocupa, que es que la función social de la vivienda corresponde definirla a las comunidades autónomas. No correspondía, según sentencia, esa competencia al Estado, que, por su parte, pretendía ampararse en su regulación del derecho a la propiedad privada para centralizar todo lo relacionado con la política pública que atañe a la vivienda y al urbanismo. Existen unas diez sentencias del Tribunal Constitucional que dan cuenta de tal razón.

Tiene bemoles que, después de haber logrado una 'pequeña' victoria jurídica, un cierto reconocimiento, vengan ahora algunos a reivindicar las aportaciones a los derechos sociales del legislador central del Estado y, en no se sabe qué derivada, a proscribir que podamos reiterar y exigir la reivindicación ante el Tribunal Constitucional de nuestra competencia, precisamente, en condiciones tan asequibles y ante un nuevo ataque recentralizador perpetrado, ya, por una nueva ley estatal. Y todo ello, al tiempo que tratan de preservar una pretendida imagen de defensa del ámbito de decisión vasco.

La crítica desaforada al Gobierno vasco está llena de datos erróneos, pues el recurso al artículo 18 de la ley estatal no se dirige a la regulación del precio de los alquileres, sino al procedimiento para declarar zonas tensionadas. La ley estatal agota completamente dicha regulación y vacía, para siempre, la capacidad de las instituciones vascas para decidir dónde y con qué contenidos definir las áreas geográficas en las que es preciso concentrar las medidas de promoción del acceso a la vivienda, además de la mejor protección del derecho. Mientras tanto, silencio absoluto sobre los datos relativos a la política de vivienda que, con sus propios medios, va trabajando el Gobierno vasco para una Euskadi cuya población no llega al 6% de la estatal, con una economía que roza ese mismo 6% y que, curiosamente, alcanza el 23% de todo el Estado en cuanto a vivienda pública destinada a alquiler social.

Nos cuesta acabar de comprender la razón última de la virulencia de algunos agentes políticos y sindicales vascos para con el Gobierno vasco, dedicándose a ensalzar la política española de vivienda, sin importarles constituirse en perfectos aliados del centralismo español.