El neosomocismo se quita la careta
El régimen matrimonial autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo está dispuesto a hacer lo que sea necesario para conservar el poder en Nicaragua
Los últimos embates del régimen matrimonial autoritario encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo han dejado a la vista la brutalidad de un sistema político ... dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerse en el poder. La revuelta popular iniciada en abril de 2018 evidenció el descontento existente en la sociedad nicaragüense, masivamente enfrentada a un Gobierno que insiste en mantener la identidad sandinista como prueba de su pertenencia simbólica a la izquierda. Sin embargo, la comparación con el somocismo de mediados del siglo XX es tan evidente que es posible aplicar sin ningún complejo metodológico el término 'neosomocista' para aludir a la actual dictadura, que ha reflotado las principales características de un régimen definido en su día como cleptocrático. Ayer y hoy el Ejecutivo se mantiene incólume gracias a una represión desaforada e incontrolada y a que las familias dominantes, los Somoza y los Ortega-Murillo, utilizan todos los resortes del Estado en su propio beneficio, mientras la corrupción campa en todos los niveles de la Administración.
Si tres años atrás había sobradas evidencias de que bajo ningún concepto se convocarían elecciones limpias y con garantías, hoy no queda ninguna duda de cuál es la voluntad gubernamental. La ilegalización de Ciudadanos por la Libertad (CxL), el último partido opositor en mantener activa su personalidad jurídica, y el encarcelamiento y exilio de sus candidatos y dirigentes, siguiendo la estela de lo ocurrido previamente con las principales fuerzas opositoras, revelan la escasa capacidad del neosomocismo para encajar la menor crítica.
Desde 2018 la legislación represiva se endureció gracias a que el Parlamento y el poder judicial están subordinados al poder político. De este modo, es muy fácil poner fuera de la ley a cualquier organización política y apresar a cuanto dirigente se estime necesario. Para ello, entre septiembre de 2020 y enero de 2021, la Asamblea Nacional nicaragüense aprobó 10 leyes con un claro sesgo autoritario y represivo.
Entre ellas destaca la 'Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz', que prohíbe candidaturas consideradas «golpistas», o que respalden «sanciones internacionales» contra los representantes del régimen. Gracias a ella, el Gobierno se reserva el derecho, como ya ha hecho, de decidir quién puede participar, o no, en las elecciones del 7 de noviembre.
El régimen cuenta con el firme apoyo de Rusia, que quiere redoblar su asistencia militar
También está la ley de 'Regulación de agentes extranjeros', o 'Ley Putin' o contra las ONG, que define como agente extranjero a cualquier persona física o jurídica, nacional o foránea, que se desempeñe o trabaje como «agente, representante, empleado o servidor» de cualquier actividad «supervisada, dirigida, controlada, financiada o subsidiada (…) por personas naturales, gobiernos, capital, empresas o fondos extranjeros directamente o por medio de terceras personas naturales o jurídicas».
Y la Ley Especial de Ciberdelitos, también llamada 'Ley Mordaza' o 'Ley Bozal', que regula los contenidos en Internet y silencia las voces críticas y las denuncias de violaciones de los derechos humanos. Es una clara amenaza a la libertad de prensa y de expresión y al funcionamiento de los medios independientes, con penas de dos a ocho años de cárcel. Finalmente, la 'Ley de cadena perpetua', en realidad una reforma constitucional, que introduce este tipo de condena prolongada contra los «delitos de odio», con una calificación tan laxa y discrecional que todo puede entrar en dicha categoría.
Con esta panoplia de delitos 'opinables' es fácil poner fuera de la ley a quien suponga la menor amenaza para la perpetuación del régimen, un régimen que no tiene ningún rubor en vulnerar aquellas normas consideradas consustanciales con la democracia. Amparado en esta supuesta 'legalidad', el neosomocismo ha violado sistemáticamente los derechos humanos y avasallado las libertades de los nicaragüenses, como atestigua el Informe de Naciones Unidas elaborado por Michelle Bachelet.
Ahora bien, hay muchos gobiernos latinoamericanos, como los de Argentina, México, Cuba o Venezuela, que se mantienen firmes en su negativa a condenar lo que ocurre en Nicaragua. Para ello se amparan en la «no injerencia», una forma de esconder el vergonzante respaldo a una dictadura por unos dirigentes autoproclamados progresistas (vinculados al Grupo de Puebla) incapaces de reconocer la gravedad de lo que está ocurriendo.
Pese a las condenas de parte de la comunidad internacional, comenzando por Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, el régimen de Ortega-Murillo cuenta con el firme respaldo de Rusia, que ha manifestado su empeño en redoblar su asistencia militar. Esto es tan evidente que la semana pasada, y de forma sorpresiva, Vladímir Putin viajó a Managua.
De todos modos, y pese a la firme condena internacional contra el neosomocismo y a la evidencia contrastada de que el proceso electoral será una farsa, no se puede olvidar la responsabilidad de la oposición y del conjunto de la sociedad nicaragüense. La salida de la crisis solo será responsabilidad de los propios nicaragüenses, que, con el apoyo de la comunidad internacional, deberán encontrar el mejor camino para recuperar la democracia perdida tras la deriva autoritaria del matrimonio Ortega-Murillo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
