Pensiones mínimas, democracia y justicia social

En el ejercicio de este derecho, el 15 de mayo se depositaron en el Parlamento vasco 145.142 firmas autenticadas legalmente. Habrían sido muchas más si el Gobierno vasco hubiera desarrollado el reglamento que desde hace nueve años debía facilitar la firma electrónica. Ahora, el Ejecutivo podrá manifestar su criterio por escrito y, si no hay impedimento, deberá convocarse el pleno parlamentario para votar la toma en consideración de la iniciativa. Un requisito que subordina el ejercicio de un derecho esencial a la decisión de los grupos. El PNV se opuso a este trámite en el debate de la ley estatal 4/2006 pero solo ha sido suprimido en la ley catalana. PNV y PSE-EE son los únicos grupos que no se han pronunciado, los demás (EH Bildu, Sumar y PP) apoyarán que se pueda tramitar.

Sería un fraude ofrecer un cauce de participación de trámite largo y complejo -exige crear una infraestructura y organizar una campaña que implican gastos, poner en tensión a la sociedad, movilizar tantas energías- para después rechazar una proposición que apoyan todas las organizaciones sindicales, cientos de colectivos sociales y feministas, 289 personas referentes en todos los ámbitos y sobre todo miles de personas. Sería, además, un grave incumplimiento de la ley 10/2016 reguladora de la ILP, aprobada por unanimidad por el Parlamento vasco, que fija como objetivos «una mayor participación ciudadana en la función legislativa que corresponde al Parlamento, acercar las instituciones a la ciudadanía y mejorar el funcionamiento del sistema democrático».

Si el Parlamento tiene competencia plena para tramitar esta iniciativa legislativa, como han certificado la Mesa y los Servicios jurídicos de la Cámara, no es de recibo que se estén reclamando al Estado competencias no transferidas y al mismo tiempo se renuncie a ejercer una competencia que mejora la vida de las personas pensionistas más precarias y reduce la desigualdad en pensiones entre hombres y mujeres. Las pensiones mínimas de la Seguridad Social son insuficientes para vivir dignamente en una comunidad de las más ricas y caras del Estado y las perciben mayoritariamente mujeres porque han sido discriminadas laboralmente y han dedicado su vida a tareas de cuidados ni reconocidas ni retribuidas.

El argumento de que ya existe la RGI es insostenible. Está diseñada como prestación temporal hasta la reinserción laboral, excluye a las unidades de convivencia con dos pensionistas -suma sus pensiones, obligando a una de ellas, normalmente la mujer, a depender de la otra por no disponer de ingresos para vivir con suficiencia y autonomía- y su cuantía unipersonal es insuficiente. Apenas se aplica a 15.000 pensionistas cuando hay más de 90.000, la mayoría mujeres, con ingresos míseros.

Un sistema vasco de complemento de pensiones respondería a la necesidad, a la desigualdad y a la justicia social para un colectivo especialmente vulnerable. Su coste económico adicional sería inferior al 1,4% del presupuesto, iría decreciendo a medida que aumentasen las pensiones mínimas y retornaría a la sociedad, ya que, al dedicarse a un consumo básico, aumentarían los impuestos y el valor añadido y se mantendría y crearía empleo.

El lehendakari y los partidos que le apoyan tienen la palabra, y es su obligación responder cuanto antes a las expectativas que esta iniciativa ha generado en la sociedad. No vamos a dejar de luchar para que ninguna persona, al final de una vida de trabajo o cuidados, se vea desamparada y sin recursos para vivir con dignidad y autonomía.