Gobierno y Presupuestos

El incumplimiento de la obligación de presentar los Presupuestos impide que el Congreso pueda manifestar su rechazo al Gobierno. Un rechazo que ya ha sido expresado en múltiples votaciones (desde la reducción de la jornada laboral hasta la cesión a Cataluña de las competencias en inmigración) pero que en el caso del proyecto presupuestario determinaría, por sus consecuencias, la necesidad de disolver las Cortes. Y ello porque sin Presupuestos no se puede gobernar. Los de 2022 fueron aprobados en un contexto político -interno e internacional- muy diferente y no sirven para la España de 2026.

El año pasado el Gobierno también incumplió impunemente esta obligación y, como no pasó nada, ahora vuelve a incurrir en ese comportamiento anticonstitucional y antidemocrático. Se ha afirmado que se ha producido una mutación constitucional: cambio del significado de un precepto sin modificación de su literalidad. Aunque el 134.3 no se ha modificado formalmente, y sigue diciendo que «el Gobierno deberá presentar», lo que hasta ahora se entendía que era una obligación se ha convertido, de facto, en una opción. El Ejecutivo puede decidir tanto presentar el proyecto como optar por no hacerlo.

En este contexto, el concepto de mutación es insuficiente para explicar lo que ha ocurrido, porque hay que distinguir mutaciones legítimas, posibles cuando los preceptos constitucionales admiten diferentes interpretaciones, e ilegítimas, cuando se contradice radicalmente la letra y la finalidad de un precepto. En estos últimos casos lo que se produce es una violación del texto constitucional. Lo ocurrido con la conversión de la obligación de presentar el proyecto presupuestario en una mera opción es una mutación ilegítima que supone violar y falsear un precepto constitucional fundamental por su directa relación con el carácter parlamentario y democrático del Gobierno.

El incumplimiento pone de manifiesto que la forma parlamentaria de gobierno prevista en la Constitución ya no está realmente vigente. La Carta Magna establece un sistema cuya legitimidad se basa en la confianza del Congreso. El Ejecutivo se legitima por la existencia de un programa de gobierno que cuenta con el respaldo de la Cámara. Esto ya no es así en España. El sistema de gobierno previsto en la Constitución ha sido reemplazado por otro radicalmente diferente que podemos denominar 'parlamentarismo negativo'. Según este perverso modelo, el Gobierno no cuenta con el respaldo del Congreso en torno a un programa, sino que su única razón de ser es impedir que gobierne una determinada formación política. Este parlamentarismo negativo tiene por tanto un efecto básicamente antidemocrático (impedir la legítima alternancia) pero conduce inevitablemente al Estado a su parálisis. En este contexto, no solo se impide que el adversario político pueda gobernar, sino que se hace igualmente imposible el gobierno por parte de una mayoría que carece de un programa político respaldado por la Cámara.

La no presentación del proyecto permitirá al Gobierno evitar el rechazo del Congreso, pero la falta de Presupuestos le impedirá gobernar en el sentido pleno del término. En el parlamentarismo negativo, el Ejecutivo no tiene más proyecto que el de su permanencia. Su único objetivo político es durar. Ahora bien, esa permanencia, inevitablemente, supone un coste y un desgaste, incrementados por los numerosos escándalos de corrupción que afectan al entorno del presidente y a su partido.

En ese contexto, tampoco sería sorprendente que -movido más por el oportunismo que por el respeto a los principios y valores del régimen parlamentario- el Gobierno se decidiera a enviar, aun con retraso, el proyecto para justificar, después de su rechazo, la convocatoria anticipada de elecciones.