Por una vuelta al cole segura

La violencia está presente en las aulas porque lo está en la sociedad, y prevenirla exige un compromiso político y social, que se traduce en mejores políticas, más inversión y un cambio de las normas sociales que la consienten y legitiman. Los centros educativos aún tienen dificultades en reconocerla y en la detección temprana de los casos, resulta imprescindible la completa y correcta activación de la figura de coordinador/a de bienestar y protección en nuestro sistema educativo, tal y como recoge la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia (Lopivi).

Actualmente, los centros escolares se enfrentan a casos de muy distinta índole relacionados con el bienestar y la protección de la infancia: violencia en el ámbito familiar, maltrato, desatención, abuso, disciplina violenta, separaciones conflictivas, violencia de género, agresión sexual, acoso y ciberacoso, conducta suicida, delitos de odio, uso conflictivo de las Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación (TRIC), entre otros capítulos.

Según datos de la Ertzaintza, en 2020 se registraron 1.459 víctimas de violencia entre personas menores de edad en Euskadi, de las cuales el 45,5% eran víctimas de casos de violencia intrafamiliar (exceptuando la ejercida por su pareja o expareja) y el 10,9% delitos contra la libertad sexual. Por otro lado, el estudio Impacto de la tecnología en la adolescencia de Unicef España permitió estimar en un 32,3% la tasa de victimización de acoso escolar en Euskadi, y en un 19% la de ciberacoso.

Esta realidad amenaza el desarrollo y bienestar de niños y niñas, vulnera sus derechos y tiene costes sociales y económicos que afectan a la sociedad en su conjunto. En este sentido, la escuela cumple con una función protectora clave para prevenir y tratar la violencia entre iguales, así como para identificar y actuar frente a la ejercida por personas adultas hacia la infancia.

En Euskadi, a pesar de que los centros educativos disponen hoy en día de figuras profesionales con la responsabilidad de velar por el bienestar del alumnado, suelen ser funciones desarrolladas preferentemente por la persona responsable de igualdad o coeducación del centro y no abarcan la totalidad del trabajo en materia de protección y prevención de todo tipo de violencia encomendado a la figura de coordinador de bienestar y protección que recoge la Lopivi y que el actual proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia tiene presente.

Hablamos de un perfil profesional con la responsabilidad de dar una respuesta integral, sistematizada y organizada, que priorice la prevención, que logre coordinarse con el ámbito sanitario, judicial, de servicios sociales y fuerzas de seguridad, pero que sepa incluir también a los propios niños y niñas y sus familias. Es decir, una figura que asuma todas las garantías para poder avanzar de forma sustantiva en el derecho a la protección de la infancia desde el entorno escolar en Euskadi, sin depender de la voluntad o capacidades individuales del personal educativo, sino de un desarrollo adecuado de sus funciones y condiciones.

No debemos olvidar que construir un entorno protector en el centro escolar, trasladar el conocimiento de los riesgos y de las adecuadas herramientas de autoprotección, crear un ámbito de relación interdepartamental seguro o identificar situaciones de riesgo familiar o social son responsabilidades inseparables de la función educativa, y que una puesta en funcionamiento en condiciones desiguales en los diferentes centros educativos puede convertirse en un factor de riesgo para la segregación escolar y la exclusión educativa.

La violencia es prevenible y no se puede tolerar. Por ello, es imprescindible que nuestro sistema educativo adapte todos los recursos disponibles para poder garantizar la protección integral de su alumnado y posibilitar la adecuada activación de esta figura de coordinador/a de protección y bienestar en todos los centros escolares, clave para avanzar en un sistema integral, sistematizado y eficaz de prevención, identificación y respuesta a todo tipo de violencia contra la infancia y adolescencia en y desde el entorno educativo.