Humildad y prudencia en la política, la ciencia y el Derecho

La relación entre la política, la ciencia y el Derecho es compleja y multiforme. Las tres se modulan, se controlan y se alimentan entre sí sin confundirse. Las decisiones políticas, por ejemplo, deben tener en cuenta el mejor conocimiento científico disponible, pero esto no significa que haya una sola vía o una sola forma basada en la ciencia de hacer las cosas. La ciencia orienta y abre un abanico de posibilidades que no agota el legítimo ámbito de lo político. La ciencia puede señalar, por poner un ejemplo de actualidad, cuáles son las principales formas de contagio en esta pandemia, pero los responsables políticos deben decidir, sobre la base de esa información y teniendo en cuenta otros elementos en conflicto, cuáles son las medidas que se adoptan: si los centros escolares deben impartir docencia presencial o virtual, si se permiten los desplazamientos a otras localidades, si las mascarillas son obligatorias sólo en interior o también en la calle, o si la hostelería cierra o no cierra y cuándo y hasta cuándo.

Los jueces deben considerar la habilitación legal para adoptar cada una de estas medidas y además comprobar que son razonables, están explicadas, buscan un fin adecuado y son proporcionales a la importancia de ese fin. Sin duda toda acción política está sometida al imperio del Derecho, lo cual no implica que cualquier decisión que el garante del derecho adopte esté bendecida por una autoridad sin posibilidad de ser analizada por ese escrutinio público del que hablaba Popper. Por eso, en un Estado de Derecho las resoluciones judiciales se acatan pero se pueden discutir y, si es el caso, criticar. Como sucede con la ciencia y la política, también la justicia es mejor si se ejerce con ciertas dosis de humildad.

Ni les corresponde a los jueces hacer juicios de valor sobre el acierto político de una decisión que sea legal, legítima y proporcional, ni desafiar con explicaciones propias principios establecidos por la comunidad científica. Dado que no son peritos en otras materias al margen del Derecho, los jueces deben alimentarse de las mejores fuentes. Pueden, como cualquiera, equivocarse en la interpretación de la información suministrada por los expertos, especialmente cuando esta información resulta en ocasiones contradictoria y cambiante. Lo que no deben hacer es sustituir el conocimiento experto por sus intuiciones, prejuicios o teorías, o dar acríticamente por cierta la versión que mejor se ajusta a sus preferencias personales. Al ser legos en la materia se pueden equivocar con facilidad, confundiendo o malinterpretando los hechos y de ese modo resolver mal un caso.

La prudencia es una virtud recomendable en los tres ámbitos citados: la política, la ciencia y el Derecho. Viene al caso aquí recordar la noción aristotélica de la frónesis, la virtud del pensamiento moral, traducida normalmente como sabiduría práctica o como prudencia. Es una virtud que debería impregnar la actividad de quienes se dedican a los asuntos judiciales, políticos y científicos. Muy relacionado con esta prudencia encontramos el principio de cautela, o de precaución, que se aplica de modo muy especial cuando hay valores importantes, como la vida y la salud, en juego.

Hace unos días la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se encontró con una preciosa oportunidad de aportar un ejemplo -sabio y prudente- de diálogo constructivo entre ciencia, política y Derecho, que protegiera los intereses del conjunto de la ciudadanía al tiempo que garantizara los derechos y los legítimos intereses de los grupos y personas más directamente afectadas por las medidas que se cuestionaban. La oportunidad se dejó escapar. Quizá unas mayores dosis de humildad y de prudencia habrían ayudado a aplicar mejor el Derecho.

Se ha repetido mucho este año que no se puede hacer buena política ignorando el conocimiento científico. Ahora sabemos que así tampoco se hace buen derecho.