España, hora cero
Desgaste institucional, deriva autoritaria de un Gobierno obsesionado con el Poder Judicial, errática oposición, pandemia... No saldremos más fuertes
Para entender el significado político de la reforma judicial que diseña el Gobierno basta con establecer la comparación entre lo que viene ocurriendo en Francia ... y en nuestro país. Los datos de la pandemia son en ambos casos pésimos. Pero en Francia la actuación gubernamental se encuentra sometida a crítica científica -institucionalizada por el propio Gobierno- y a análisis de responsabilidades en la gestión sanitaria, incluidos los registros por orden judicial de los domicilios del exministro de Sanidad y de tres colegas suyos. Por contraste, a este lado de los Pirineos el intento de una jueza por examinar lo ocurrido se encontró con una barrera infranqueable desde el Ministerio de Justicia, y no digamos los informes elaborados al respecto por la Guardia Civil. En el área de opinión gubernativa, un supuesto experto llegó a interpretar en ETB lo ocurrido como prueba de la perenne vocación golpista de la Guardia Civil, cómplice en este caso de una conspiración contra un Ejecutivo progresista. Así que solo cabe aceptar lo que los expertos oficiales del Gobierno repiten una y otra vez: se hizo lo que tenía que hacerse. Y ay de quien lo ponga en duda.
El control del Poder Judicial se ha convertido en un objetivo primordial del Gobierno de Pedro Sánchez. Precedente: la actitud ya mostrada antes por los gobiernos del PP al elegir siempre a jueces 'conservadores'. Las diferencias ahora radican en la subordinación militante de cargos clave, como la fiscal general del Estado, y en el derecho de nombramiento logrado por Podemos.
Pablo Iglesias exhibe una y otra vez la voluntad de descalificar toda acción judicial que, según su criterio, les perjudica, y si hace falta acusa al juez y a todos los jueces. Véase el 'caso de la tarjeta'. Así las cosas, no es extraño que el PP se oponga al protagonismo de Iglesias y de paso al monopolio de poder buscado por Sánchez. Ocurre, sin embargo, que no puede eludir la obligación de buscar una salida para cumplir la exigencia legal de renovación, teniendo en cuenta los derechos que por muy antisistema que sea, que lo es, asisten a un partido en el Gobierno. Muro contra muro.
La desconfianza suscitada en Bruselas resulta lógica. Un viejo principio de la democracia, que se remonta a Rousseau, determina que la ley no puede tener un objeto particular, y menos aún si responde a intereses de parte en un conflicto. Sánchez debería ofrecer la garantía de que en la reforma respetará los derechos de la oposición. No lo hará, y así la pugna sobre el CGPJ cierra el círculo del enfrentamiento en todo y por todo entre oposición y Gobierno.
No estamos ante el Bien contra el Mal. Aunque Sánchez no lo reconozca, hay demasiados fracasos en su ejecutoria sobre el Covid, el más reciente lo que Ovejero llama «la confederalización» de su gestión en plena desescalada, que eliminó toda perspectiva de coordinación, como si el virus respetase las fronteras de las comunidades autónomas. Urkullu puede estar satisfecho, pero el resultado fue dramático. El Gobierno tenía plena razón al presionar primero, y actuar luego, contra las resistencias de Ayuso en Madrid, pero ¿por qué ignorar literalmente en preocupación e informaciones oficiales -véase TVE- el camino del desastre en Navarra? ¿Por no incomodar a PNV y Bildu, o a una presidencia socialista? Es inexplicable.
En la vertiente opuesta, Pablo Casado se instaló desde marzo en un paisaje apocalíptico, sin otra reflexión que la condena de todo lo hecho por Sánchez. Sin matiz ni argumento alguno.Y mientras galgos y podencos se enfrentan día a día, los españoles se contagian y mueren.
Lo mismo cabe esperar ahora ante las imprescindibles reformas económicas anticrisis y el reparto de los fondos de Bruselas. Impuestos suben, luego no, por fin suben. El riesgo sería seguir viendo, por Sánchez e Iglesias, la tremenda crisis como oportunidad para el lanzamiento de la utopía, supuesto que Europa lo aceptara. Estamos ante un pulso entre Calviño e Iglesias, en el cual la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha marcado la única senda viable, de entendimiento triangular entre Gobierno, patronal y sindicatos.
Es poco verosímil que la política del PP responda en el mismo sentido. Y que Pablo Iglesias pierda la oportunidad de jugar su propia baza radical, aun a riesgo de hundimiento de la nave. La noción de interés general es ajena a su pensamiento, según revela la cruzada por convertir la abolición de la monarquía en el principal problema del país. El riesgo aquí es que Sánchez, como en los últimos tiempos, le siga el juego: la visita tutelada del Rey a Barcelona no resolvió nada.
Por uno y otro lado, desgaste institucional, deriva autoritaria en el Gobierno, violencia sin contenido en la oposición. Pandemia. No saldremos más fuertes. Estamos en la hora cero de la supervivencia.
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