Ciencia, ¿para qué?

El IMD clasifica los países en función de cómo de bien administran sus competencias para crear ese valor a largo plazo. La RAE define la palabra 'valor' como «el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite». La idea de que la competitividad de un país no debe limitarse al PIB porque las sociedades también tienen que hacer frente a dimensiones políticas, sociales y culturales, lo que la RAE denomina «bienestar y deleite» y que constituyen los valores e identidad de una sociedad, parece obvia.

Los gobiernos tienen la responsabilidad de proporcionar un entorno caracterizado por infraestructuras, instituciones y políticas eficientes que alienten la creación de estos valores por parte de la sociedad. La competitividad de un gobierno -es decir, la competitividad de las finanzas públicas, la política fiscal, la legislación empresarial y los precios- es el principal activo que permite mejorar desde dentro la de las instituciones y el bienestar social de un país. Sin esta eficiencia, la competitividad empresarial, el desempeño económico y las infraestructuras de un país se deterioran.

En el informe de 2021 del IMD con relación al indicador de eficiencia del Gobierno, entre los 64 países analizados, España ha pasado de ocupar el puesto 38 en 2017 al 49 en 2021, y en el ranking general del 34 al 39 en ese mismo periodo. Es importante recordar que cuando un país pierde competitividad otro ocupa su puesto llevándose parte de su cuota de mercado global. Aplicando este principio a la ciencia y la tecnología, es como si otro país más competitivo hubiera tenido las ideas, generado el conocimiento y las patentes, publicado los artículos científicos, creado las empresas y generado el valor que le correspondía a España.

¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el Gobierno de España para mejorar la competitividad? En cualquier país, la masa crítica es importante para llevar a cabo una investigación de primer nivel y mantener un sistema de educación superior de excelencia. Y en la mayoría de los casos lo que determina el efecto de la investigación y la educación superior en el desempeño científico y económico es la cantidad absoluta de capital invertido. Esto es así porque en ciencia lo micro y lo macro son indivisibles.

A nivel micro, es decir, de un proyecto de investigación individual, la mayoría de las áreas de la ciencia y la tecnología requieren la inversión de cantidades elevadas en I+D para que los proyectos sean viables. A nivel macro, la investigación y la educación superior requieren una amplia red de infraestructuras, así como la disponibilidad de personal cualificado, instituciones especializadas y mercados financieros. Además, la capacidad de las empresas para captar el conocimiento generado por los centros de investigación de la misma región o país y generar valor también depende de la existencia de un sector de I+D contiguo suficientemente grande.

Este es un sistema que se retroalimenta. Es decir, un sistema de ciencia y tecnología fuerte se vuelve más fuerte, y un sistema débil se vuelve más débil. Para tener un sistema de ciencia y tecnología fuerte en España es necesario que los cuatro pilares que sustentan su economía -la eficiencia del Gobierno, el desempeño empresarial y económico, la investigación y la educación- sean más competitivos y ganen impulso hasta alcanzar el punto de inflexión. El objetivo es conseguir suficiente masa crítica en todos ellos porque es un sistema muy sensible a los desequilibrios. Así, por ejemplo, si la demanda interna no es suficiente para captar el conocimiento que se genera, los centros de investigación del país trabajarán cada vez más con empresas extranjeras. Esta relación también funciona en sentido contrario y, si el conocimiento generado en los centros de investigación no satisface la demanda interna, las empresas trabajarán más con centros extranjeros.

En España el gasto en I+D en 2020 alcanzó los 15.768 millones de euros, el 1,41% del PIB. Por sectores, el mayor porcentaje del gasto lo realizaron las empresas, con un 55,6%, lo que supuso el 0,78% del PIB. La comunidad autónoma con mayor gasto por habitante en I+D en 2020 fue el País Vasco, seguida de Madrid, Navarra y Cataluña. En 2019, la media europea de gasto en I+D fue del 2,23% del PIB. Para hacer converger la ciencia y la tecnología españolas con las de las economías más avanzadas de nuestro entorno es evidente la necesidad de incrementar de forma sustancial y continua la financiación pública y privada de la I+D.

El proyecto de ley de reforma de la Ley de la Ciencia aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de febrero garantiza que la financiación pública de la I+D irá aumentando periódicamente hasta alcanzar el 1,25% del PIB en 2030. Es una buena norma. La ciencia y la tecnología en España han estado lastradas durante décadas por una inversión pública en I+D que aún no ha superado el techo del 1% del PIB. Si el Gobierno español, con su ejemplo, no apostó por la I+D, ¿cómo iba a exigir que lo hiciera el sector privado? La retroalimentación público-privada del sistema de I+D es indiscutible, como demuestran los ejemplos del País Vasco y Cataluña. Suponiendo que la nueva norma aliente a las empresas a aportar un porcentaje similar del PIB, en 2030 el gasto en I+D en España rondaría el 2,5%, es decir, se habría superado la media europea actual.

Debemos entender que la convergencia en I+D con Europa no es solo cuestión de aumentar el gasto, sino que también implica desarrollar un sistema de ciencia y tecnología que gestione más eficientemente sus recursos, busque la excelencia, atraiga a científicos destacados -como el programa Ikerbasque en Euskadi-, incremente la demanda por las pymes de la I+D local, brinde la oportunidad a los gobiernos locales de realizar inversiones estratégicas en activos a largo plazo, piense en términos de especialización compartida entre el sector académico y la industria -por ejemplo, el programa Perte del Gobierno español- y crezca para no decaer.