Las tribulaciones de Puigdemont

La fugaz aparición de Puigdemont en Barcelona, en coincidencia con la investidura del socialista Salvador Illa que cerraba la década procesista, mostró su voluntad de estar presente en la política catalana desde el exilio de Waterloo. El bibloquismo y la endiablada aritmética parlamentaria en Madrid premiaron a sus siete diputados con una posición decisiva en la conformación de las mayorías. En los acuerdos de Bruselas con el PSOE –suscritos por Santos Cerdán, hoy en prisión preventiva– puso un elevado precio a la investidura de Pedro Sánchez con la amnistía como plato fuerte y otras condiciones como la reforma del reglamento del Congreso para permitir el uso de las lenguas cooficiales, el compromiso con el reconocimiento de estas en las instituciones europeas o el traspaso de competencias en inmigración. Unos pactos que el PSOE ha cumplido, como asegura Sánchez, en todo aquello que estaba en su mano.

En la anterior legislatura, en su pugna con ERC, Junts criticó con dureza su apoyo al Gobierno de coalición progresista en Madrid y se reivindicó como la única fuerza que representaba los intereses de Catalunya. Esta fue la razón argüida para romper con el Ejecutivo de coalición en la Generalitat. El apoyo posconvergente a Sánchez , a la espera de la aplicación efectiva de la ley de amnistía, pendiente de la sentencia del Constitucional, ofrece un flanco político que Orriols ha sabido capitalizar. AC se alimenta de la frustración de amplios sectores independentistas por el fiasco del 'procés'. La irrupción de este nuevo actor político ha modificado la correlación de fuerzas en el centroderecha catalanista, de modo semejante a como le pasa al PP con Vox.

La baja de la ejecutiva del partido y de su acta de diputado de Jaume Giró, conseller de Economia por Junts (2021-2022) en el efímero Gobierno de coalición de Pere Aragonès (ERC), reveló el malestar del sector pragmático del partido con la deriva maximalista de Puigdemont. Un dato importante, pues Giró era, por su trayectoria profesional, el representante en Junts de CaixaBank, la principal entidad financiera del país.

Junts afronta una contradicción de difícil solución. Por un lado, no puede asumir el coste político y electoral que supondría –como denuncia sin descanso Gabriel Rufián– derribar a Sánchez y abrir las puertas a un gobierno derechista y anticatalanista del PP y Vox. La oposición a la amnistía, el rechazo a la oficialidad de las lenguas cooficiales en la UE o la política cultural y lingüística de los gobiernos autonómicos de Valencia y Baleares imposibilitan los acuerdos con el PP, mientras este dependa de Vox. Al igual que sucede con el PNV, con la diferencia de que los nacionalistas vascos no encaran la competencia de una extrema derecha vasquista.

Ello a pesar de la coincidencia de Junts con el PP en el eje derecha/ izquierda, como se comprobó con su rechazo a la reducción de la jornada laboral impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, que se desplazó a Bélgica para convencer a Puigdemont. Al igual que hizo Illa, por otros motivos, en un reconocimiento de su legitimidad política.

Por otro lado, Junts no puede sustraerse a la presión de su extrema derecha, como se vio con las tesis xenófobas de su portavoz Miriam Nogueras en defensa de la transferencia de las competencias en inmigración –tumbada por Podemos– que le conducirían a romper con el Gobierno progresista en Madrid. En cualquier caso, hasta que no se verifique la aplicación de la amnistía, Junts no precipitará la caída de Sánchez. Entonces, Puigdemont podría volver a Catalunya como un héroe de la patria, quizás una de las pocas opciones para contrarrestar el ascenso de Aliança Catalana.