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Las elecciones del 23-J dieron lugar a un mapa político muy complicado, más que por la apretada diferencia de votos entre las dos formaciones ... con posibilidad de formar gobierno -1,4% entre el PP y el PSOE- por la dificultad para articular mayorías suficientes y estables; que es siempre el factor determinante para el buen funcionamiento del sistema parlamentario y que en la actual legislatura dista mucho de haberse conseguido. Valga como muestra ilustrativa lo ocurrido en el último pleno que cerraba el curso político, en el que se puso de manifiesto, una vez más, la inexistencia en esta legislatura de una mayoría parlamentaria efectiva y operativa.
Pero si esta es la situación en relación con los más que dudosos apoyos con que cuenta el Gobierno, no puede decirse que sea mejor por lo que se refiere a las formaciones que integran la oposición, que tras dar por hecho el triunfo electoral a la vista del éxito obtenido dos meses antes en las municipales y autonómicas del 28-M, vieron frustradas el 23-J sus expectativas de sumar una mayoría parlamentaria que les permitiese desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa. Con el agravante de que la oposición, tal como se ha configurado este primer año de legislatura, no tiene posibilidad alguna de ganar los apoyos necesarios para conformar una mayoría alternativa que le permita acceder al Ejecutivo.
Se dan así todas las condiciones para que se produzca un bloqueo político como el que está teniendo lugar a lo largo del año que llevamos de legislatura. Por una parte, el Gobierno tiene serias dificultades para sacar adelante sus propuestas al carecer de una mayoría parlamentaria con un mínimo grado de cohesión política, como se ha puesto de manifiesto reiteradamente. Y, por otra parte, la oposición no tiene posibilidad alguna de hacer valer sus iniciativas; que, además, lejos de ofrecer propuestas alternativas se limitan a hacer impugnaciones de carácter netamente reactivo a las medidas del Gobierno.
No han sido ajenas a la generación de ese bloqueo la actuación desplegada tanto por parte de las formaciones políticas que conforman la inestable y precaria mayoría parlamentaria actual como por parte de las que integran una oposición cuya actitud suscita no menores problemas. En relación con las primeras, resulta más que discutible el planteamiento en torno a la ley de amnistía, cuestión que no había sido expuesta en las elecciones del 23-J y que después ha monopolizado casi por completo la actividad parlamentaria (y también la extraparlamentaria) durante este primer año de legislatura; sin que quepa dar el asunto por concluido ya que su aplicación por los tribunales va a dar lugar a múltiples incidentes
Está por ver cuál va a ser el balance final de la 'operación amnistía' pero resulta bastante dudoso, sobre todo a la vista de las reacciones de sus propios beneficiarios, que haya servido realmente para la normalización política (en el mejor sentido de la palabra) catalana. Y si no es así, lo que a día de hoy plantea cuando menos dudas razonables, conviene no engañarse y reconocer la realidad. En cualquier caso, se trata de una cuestión que no cabe soslayar ya que ha sido el factor principal de polarización del proceso político a lo largo de este año; y previsiblemente, va a continuar siéndolo próximamente.
Por lo que se refiere a la oposición, la situación es peor aún ya que ante la imposibilidad de articular una mayoría parlamentaria alternativa que le permita acceder al Gobierno, se ha optado por recurrir a vías extraparlamentarias, principalmente las judiciales, para desgastar y, a ser posible, derribar al Ejecutivo. Todo hay que decirlo, con la colaboración incondicional de un sector de la judicatura que se ha sumado sin complejos al lío político-judicial y que, por mencionar solo el caso de mayor actualidad estos días, ha llevado al juez instructor a cursar citación testifical al propio jefe del Gobierno, con anuncio previo de su grabación con cámaras para que nada falte, en lo que solo puede ser calificado como un auténtico 'judicial show' en La Moncloa.
Para ser el primer año de legislatura no está mal un fin de curso tan movido, con 'show' judicial incluido. De todas formas, que nadie crea que la cosa acaba aquí porque, suponiendo que las vacaciones agosteñas nos den una tregua, lo que es mucho suponer, lo más previsible es que la 'rentrée' en septiembre pueda depararnos las emociones más intensas: ¿Se citará al presidente como investigado y dictará el juez auto de procesamiento contra él? ¿Se le exigirá responsabilidad criminal ante el Supremo en aplicación del artículo 102 de la Constitución? Y ya puestos, ¿entrará en la cárcel de la mano de su esposa para expiar las culpas por los delitos cometidos? Se pueden seguir encadenando preguntas (no faltarán quienes se las hagan) que, al menos, pueden servir para hacer más animado el paréntesis vacacional antes de iniciar el próximo curso, que es de esperar sea algo más provechoso que el actual.
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