Aprovechemos esta oportunidad
Debemos abordar el debate final de la Ley de Educación con talante constructivo
En septiembre de 2020 se puso en marcha el reloj. Teníamos por delante un largo recorrido, mucha ilusión, decenas de obstáculos y cientos de reuniones, ... pero una certeza: era el momento de trabajar nuestra Ley de Educación, ley que regularía de manera integral, por primera vez, el sistema educativo vasco. El reto era mayúsculo. Lo asumimos porque la alternativa era renunciar a resolver una necesidad evidente: tras 30 años de servicio, la Ley 1/ 1993 de la Escuela Pública Vasca necesitaba una actualización, una ampliación y una adecuación a los tiempos presentes y futuros.
Han pasado más de tres años y constatamos con satisfacción que el reto nos ha unido. Más allá de los cruces de declaraciones, hemos compartido un intenso camino. Hemos discutido y acordado. Y ese esfuerzo colectivo ha dado fruto. El mero intento de acercar posturas ya nos ha hecho avanzar de manera notable. Partíamos de una suma de prejuicios: los partidos jamás podríamos consensuar nada en el ámbito educativo, los sindicatos pugnarían entre ellos y renunciarían a explorar vías de entendimiento con la Administración, las asociaciones educativas no aceptarían sumarse a una reflexión compartida, o las y los profesionales de la educación bastante tendrían con afrontar su reto diario en clase como para asumir otros compromisos. Todas esas premoniciones han fallado y el viaje está mereciendo la pena.
El 7 de abril de 2022, cuatro grupos parlamentarios anunciaban un acercamiento en el ámbito educativo, inédito en Euskadi, en el Estado y en Europa: un pacto que serviría de base para la redacción de la nueva Ley de Educación. El acuerdo iba más allá al recoger 43 medidas concretas con las que responder a los principales retos identificados para la mejora de la Educación: lucha contra la segregación, apuesta por la equidad, participación de la comunidad educativa o impulso a una transformación pedagógica.
Meses más tarde, y tras decenas de aportaciones, contrastes y revisiones, el Consejo de Gobierno aprobaba el proyecto de Ley de Educación. Un texto que respetaba el espíritu y el contenido del mencionado pacto educativo y sobre el que los grupos parlamentarios deberían seguir explorando vías de entendimiento. Todo ello sobre una premisa: la futura ley deberá ofrecer al alumnado la mejor educación posible, una educación de calidad, integradora, con igualdad de oportunidades y con una firme apuesta por la innovación. Una nueva norma que ofrezca las herramientas necesarias para avanzar hacia una sociedad cada vez más preparada y cohesionada.
El texto registrado en el Parlamento vasco cumple con dicho cometido y diseña la arquitectura educativa que Euskadi requiere. Así, en la ley se define con claridad el sistema educativo vasco y se recoge la prestación del Servicio Público Vasco de Educación; se señalan las medidas para hacer frente a la segregación; se destaca la importancia de la autonomía de los centros, así como una mayor participación de los ayuntamientos; se apuesta por los proyectos lingüísticos a la medida de cada centro y de cada realidad sociolingüística; se recoge el compromiso de elaborar un plan estratégico del sistema educativo vasco, y en concreto de la red pública; y se identifica la evaluación como herramienta clave para mejorar el sistema. Todos estos elementos han sido trabajados con la comunidad educativa, institucional, sindical y académica. Todos ellos deberán conformar los pilares de nuestro sistema educativo de futuro. Es cierto que existen discrepancias sobre cuestiones puntuales, como los modelos lingüísticos, pero el valor del conjunto de compromisos y aportaciones invita a abordar este debate final con un talante positivo y constructivo.
Los modelos lingüísticos fueron redactados hace 40 años y en este tiempo se han ido adecuando para responder a las necesidades cambiantes. De la misma manera, consideramos que deberán seguir evolucionando y adecuándose a la realidad de los centros educativos del siglo XXI y a las metas marcadas para el alumnado. Lo relevante es el objetivo que garantiza la ley: todo el alumnado, al finalizar la etapa obligatoria, debe alcanzar el nivel B2 en euskera y en castellano, y el nivel B1 en una lengua extranjera. Esta es la garantía que establece la norma y será responsabilidad de la Administración dotar a los centros de las herramientas para que, con base en su proyecto lingüístico, todas y todos los alumnos alcancen esa meta.
El trabajo realizado, el nivel de consenso alcanzado y los beneficios de la nueva Ley de Educación representan una oportunidad inédita para nuestro país. Debemos preservar la generosidad mostrada por todos los agentes educativos, sociales, institucionales y políticos ante un reto tan complejo como fundamental para el futuro de la educación vasca. El camino recorrido ha demandado la visión, aportación y complicidad de todas las partes. Hemos caminado juntas y juntos, y esta ley actualiza y moderniza nuestra normativa educativa. Este reto compartido nos hace más fuertes como sociedad. Aprovechemos esta oportunidad.
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