Sin trabajo. ¿Y los ingresos?

Algunas empresas -pocas, saneadas y responsables- no tramitarán ERTEs. Darán permisos retribuidos y pagarán los salarios íntegros. De momento. Otras pocas adelantarán días de vacaciones, acumularán horas para su recuperación posterior… pero no cargarán el coste a las arcas públicas. Está bien. Conforman el pequeño universo de las empresas ciudadanas, responsables.

La mayoría de las empresas aplicarán una suspensión temporal de empleo, un ERTE, a sus trabajadores. Y algunas, las menos, algún complemento salarial a la prestación de desempleo. Afortunados sus trabajadores.

Los demás, la mayoría. ¿Saben lo que cobrará un trabajador en ERTE? El 70% de su base reguladora de cotización y como máximo, contando que tienen un hijo a su cargo, 1.254 euros brutos mensuales, a descontar cotizaciones y retenciones. Hagan cuentas, 1.000 euros. Como mucho, el 70% de lo que ganan. Y los autónomos, que generalmente cotizan poco, la mitad. ¿No es para preocuparse?

Y mucho más grave, ¿sabemos cuántos trabajadores con contratos no indefinidos, de fin de obra, temporales de corta duración, autónomos… ni siquiera saben si después van a recuperar su trabajo?

Por eso hay que proteger los ingresos de todos los trabajadores, de todos los ciudadanos. El dilema sobre si nuestro modelo de bienestar debe garantizar un empleo o una renta ya se ha decantado. De lo que ahora se trata es de garantizar la renta, el ingreso de los ciudadanos. Hasta el límite de lo posible. Podemos utilizar la figura del crédito fiscal, de manera que sean las propias instituciones -Hacienda, nuestras diputaciones- las que transfieran ingresos básicos a los contribuyentes, siempre que demuestren la pérdida de sus ingresos ordinarios, y regularizar en su declaración de renta su situación. Difícil, disruptivo, pero no imposible.

Por todo ello, una llamada adicional a la responsabilidad. A las empresas, para que mitiguen la pérdida de ingresos de sus trabajadores y mantengan su actividad, garantizando la seguridad sanitaria. Parar totalmente puede tener efectos irreversibles. Aplicar un ERTE no equivale a aplicarlo a todos y totalmente. Se pueden aplicar suspensiones parciales de actividad, mantener en lo posible a buena parte de los trabajadores en activo, total o parcialmente, desde casa o en el propio centro. Preparadas para reiniciar la actividad a pleno rendimiento cuando sea posible, con inmediatez. Y para esto, la empresa, las organizaciones, deben tener todos sus servicios predispuestos. Lo mejor será reducir el ritmo, no parar. Cerrar es correr el riesgo de desaparecer. Cuidado con la 'destrucción creativa', aquella regla económica reconocida recientemente, que asegura que las empresas que mejor se preparen sustituirán a las que se queden atrás. No solo sirve para las adaptaciones tecnológicas, también para los hechos disruptivos como el presente.

Dejo para el final dos apuntes. Uno sobre la función pública. Los funcionarios son servidores de la ciudadanía. Y el personal sanitario es el héroe de esta guerra, está en la vanguardia. Y los demás servidores públicos, ¿dispuestos en la retaguardia? ¿Alguien les llamará para cubrir imperiosos trabajos que realiza la sociedad civil? Muchos de ellos han sido liberados de acudir a su trabajo sin asignación de funciones concretas. Tienen su empleo y sus retribuciones aseguradas, al 100%. Son afortunados. Sin generalizar, porque también la vocación de servicio público está insertada entre los funcionarios. Pero ¿dónde empieza su solidaridad?

Y la reflexión, difícil, lo reconozco, es también para los responsables de la 'res publica'. Como empleadores que son, ¿deben aplicar criterios de racionalidad y solidaridad en las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores, servidores públicos? Creo que sí.

Una última reflexión en relación con las compañías aseguradoras, cuyas pólizas dejan claro que no cubren riesgos como esta pandemia. ¿No deben contribuir con sus prestaciones a la cobertura de algunos daños? Porque parecen los grandes ausentes de este escenario sobrevenido y grave. Las pérdidas de las empresas, de las entidades públicas, de las personas, de los trabajadores, ¿de todo están a salvo? Y, sin embargo, ¿seguirán cobrando el mismo importe en sus pólizas de seguros?