Tensiones internas

Las discrepancias sobre el reparto de ingresos entre las instituciones vascas revelan las carencias de la clase política para alcanzar acuerdos básicos

Tensiones internas
Martín Olmos
EL CORREO

La complejidad del entramado institucional vasco y las lógicas tensiones entre los territorios históricos obligan a mantener engrasada en todo momento la maquinaria de la negociación entre los distintos niveles de poder con el objetivo de trenzar acuerdos básicos para el funcionamiento de Euskadi. Aún así, su consecución no está garantizada incluso ni cuando las principales administraciones tienen el mismo color político. La reforma de la Ley de Aportaciones, pendiente desde hace once años, es un preocupante ejemplo de esa dificultad para articular consensos internos y actuar con una visión de país que vaya más allá de los legítimos intereses partidistas y de las disputas territoriales. El Gobierno vasco, las diputaciones y la asociación de municipios Eudel se habían comprometido a actualizar, por fin, en 2018 la norma que regula el reparto de los ingresos públicos destinados a financiar el desarrollo de sus respectivas competencias. Incapaces de solventar sus diferencias de fondo al respecto y plasmarlas en la revisión legal prevista cada quinquenio, el compromiso de mínimos que acaban de sellar les permite ganar tiempo con una imagen de aparente concordia, pero no resuelve unas discrepancias de calado cuyo mantenimiento es un factor de latente inestabilidad, acentuado por supuestos agravios territoriales.

Dos cuestiones esenciales están en discusión: qué parte de los ingresos por impuestos de las haciendas forales han de ir destinados al Presupuesto del Ejecutivo -el 70,04% actualmente- y cómo se reparten esa contribución Bizkaia, Álava y Gipuzkoa. Los desequilibrios entre el peso de cada territorio en el PIB vasco y el volumen de su recaudación fiscal están en el origen de la polémica. La ampliación del fondo creado para compensar estos desajustes, recién aprobada por el Consejo Vasco de Finanzas, es una solución provisional que satisface por ahora a Álava y Gipuzkoa, que creen excesiva su aportación a la 'caja común'. Pero no elude la responsabilidad de encontrar una salida ajustada y proporcional sobre el reparto de recursos entre las instituciones que corrija los eventuales desfases registrados desde la aprobación de una ley diseñada para estar vigente hasta finales de 2011 y que, sometida a sucesivos parcheos, aún se aplica. El hecho de que siga sin ser renovada, en mayor o menor profundidad en función de las necesidades que se observen tras un diagnóstico común consensuado, no habla bien de la madurez de la clase política vasca.