Tensión hasta el final
Editorial ·
El cierre de la campaña se ve condicionado por la disparatada propuesta para ilegalizar a los partidos independentistas, que vulnera la ConstituciónEL CORREO
Sábado, 9 de noviembre 2019, 00:20
La campaña para las elecciones generales de mañana se ha desarrollado en un clima de previsible polarización, agudizado por la reactivación del independentismo más radical ... con una totalitaria deriva violenta de la que siguen sin desmarcarse sus representantes institucionales y una ultraderecha envalentonada ante el auge que le atribuyen los sondeos. La concurrencia de ambos factores hace un flaco favor a la gobernabilidad del país al tensionar al máximo las relaciones entre los partidos centrales del sistema, ya sea por sus alianzas actuales o por las mantenidas en un pasado reciente. Un escenario nada favorable cuando esas mismas fuerzas políticas se verán conminadas a partir del lunes a alcanzar acuerdos entre diferentes -es posible incluso que algunos insospechados o considerados inverosímiles en este momento- si, como es previsible, ni el bloque de la izquierda ni el de la derecha suman una mayoría suficiente para formar un Gobierno estable. Y cuando es evidente que las diferencias entre ellas son ahora muy superiores a las ya elevadas que mantenían hace unos meses.
El último episodio, registrado al secundar el PP y Ciudadanos una iniciativa de Vox en la Asamblea de Madrid para «la ilegalización inmediata» de los partidos «que atenten contra la unidad de la nación», mientras sus respectivos portavoces cuestionaban de forma severa el contenido del texto, refleja hasta qué punto la sinrazón es invasiva. La propia Constitución legitima la libertad de expresión e ideológica, que incluye la reivindicación de la independencia de territorios que componen España y la participación de partidos que recogen tal aspiración en elecciones como las de mañana, que se obstinan en resaltar la pluralidad ideológica del país y los diversos sentimientos identitarios que conviven en él. Entre la defensa de una pretensión política y la violación de la legalidad para intentar ejecutarla media un trecho identificable con el que han recorrido los líderes del 'procés' condenados por el Supremo. Por tanto, no cabe hablar de «atentado» más que de forma metafórica, exenta de alcance jurídico, si no constan actuaciones materiales que merezcan tal calificativo desde el punto de vista penal. La propuesta de la Asamblea de Madrid, que el Gobierno central se plantea impugnar ante el Tribunal Constitucional, es un disparate que ignora tal obviedad y que solo puede explicarse por la desesperación en la lucha por el voto o por un profundo desconocimiento de los fundamentos de nuestro Estado de Derecho.
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